La Constitución: nuestra última arma en la guerra contra las drogas

En el momento en el que la Suprema Corte de México se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la prohibición a consumir cannabis, los ojos de todo el continente estarán puestos sobre el país. Soy profesor de Derecho Constitucional en Brasil y no conozco el debate constitucional mexicano a profundidad, sin embargo conozco el caso de mi país bien. También nosotros estamos en medio de una discusión parecida y tengo certeza de que varios argumentos de nuestro debate aplican para el caso mexicano.

En Brasil, el Supremo Tribunal Federal inició un debate sobre la despenalización de las drogas. Tres ministros ya votaron. Todos ellos se pronunciaron en contra del actual sistema de criminalización de las drogas, principalmente de la cannabis. ¿Qué argumentos fueron los que esbozaron?

En primer lugar fue invocado el derecho a la autonomía individual y a la vida privada del ciudadano para establecer que el Estado no puede criminalizar la “autolesión”. En un Estado democrático de derecho no cabe utilizar los instrumentos más violentos del Derecho Penal para proteger a un ciudadano de sí mismo. Solamente un Estado autoritario comete tal invasión en la vida privada de las personas.

En su voto sobre este caso, el juez Luis Roberto Barroso afirmó: “Las personas tienen el derecho a escoger sus placeres legítimos. Hay quien practica alpinismo, hay quien vuela en parapente, quien participa en carreras de autos, quien anda en bicicleta o quien bucea en el mar. Todas esas actividades involucran riesgos y no por eso están prohibidas. El Estado puede limitar la libertad individual para proteger los derechos de terceros o proteger determinados valores sociales. Así pues, un individuo que fuma un cigarro de marihuana en su casa o en otro ambiente privado, no viola los derechos de terceros. Tampoco hiere algún valor social. Ni siquiera la salud pública mas que en un sentido remoto. Si ese fuera un argumento para la prohibición, entonces el alcohol también debería ser prohibido. Y por buenas razones, eso no sucede”.

El juez Barroso insistió mucho en el tema de la proporcionalidad. “El principal bien jurídico que se lastima con el consumo de la marihuana es la propia salud del usuario, pero no algún bien jurídico ajeno. Aplicando la misma lógica, el Estado no penaliza la tentativa de suicidio o alguna autolesión. Hay quien puede invocar a la salud pública como un bien jurídico violado, sin embargo, si se tratase de una lesión, ésta sería vaga, probablemente de menor escala que las que causa el alcohol o el tabaco. En segundo lugar, como se ha demostrado ya, la criminalización termina por alejar al usuario del sistema de salud por el riesgo y por el estigma. De modo que las personas que podrían obtener tratamiento, acaban por no acceder a él. El efecto es por tanto inverso. Entonces, si no hay lesión a ningún bien jurídico de otros, la criminalización es ilegítima”.

El debate público sobre el tema ha dejado claro que el acceso a la salud de los usuarios de drogas se ha visto perjudicado por la criminalización. Todo el sistema está estructurado para que la respuesta oficial al usuario sea el sistema de justicia criminal —la policía—, no el sistema de salud. Los más perjudicados, de una manera desproporcionada, son los usuarios problemáticos pobres, que en lugar de apoyo por parte de la sociedad y el Estado, reciben un castigo.

Hay otro argumento jurídico importante: la igualdad. No podemos negar que tanto en México como en Brasil la aplicación de las leyes es desigual. Vemos una y otra vez cómo el sistema judicial trata casos idénticos de forma distinta. Una persona pobre que porta una cantidad pequeña de drogas es condenada como traficante, mientras que a una persona rica en la misma situación se le trata como un simple usuario. Los tribunales tienen como función garantizar la ejecución de una Constitución que tiene la igualdad como principio básico; no pueden solapar a un Estado que trata discrecionalmente a sus ciudadanos. En todo el mundo, la criminalización de drogas es selectiva y lo seguirá siendo porque ante ese hecho, pobres y ricos serán tratados de manera diferente.

Los tribunales constitucionales de Colombia y Argentina decidieron que la criminalización de las drogas es incompatible con su Constitución. Brasil inició ya el debate y ahora le toca a México. América Latina es el continente que más ha sufrido por la guerra contra las drogas. Tan sólo México, Brasil, Colombia y Venezuela son responsables por casi la cuarta parte de todos los homicidios del mundo. Eso es producto de una guerra cruel e ineficiente. Nuestras constituciones parecen ser la única arma que nos queda para luchar contra esta flagrante violación de nuestros derechos, que hace sangrar al continente. Tenemos que poder contar con nuestros Tribunales para transformar un documento de esperanza como la constitución, en realidad.

*Pedro Abramovay fue secretario Nacional de Justicia de Brasil durante el gobierno de Lula da Silva. Es profesor de Derecho Penal y Constitucional de la Fundação Getulio Vargas y actualmente es director regional para América Latina y el Caribe de las Open Society Foundations.