Como un balde de agua fría se recibió la noticia que en los dos últimos años, 2 millones más de mexicanos se agregaron a la condición de pobreza, y casi un millón y medio de personas se añadieron, en el mismo lapso, a la población sin acceso a alimentación, a pesar de los esfuerzos hechos a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), desde 2008, bajo la metodología de “pobreza multidimensional”, hace la medición de este indicador. Se parte de la premisa de que esta medida va más allá del ingreso, por considerarla limitativa, ante la circunstancia de que diversos satisfactores no pueden adquirirse sólo comprándolos, sino que hay que tener derecho a su acceso para poder poseerlos, y los cuales son necesarios por formar parte de los derechos humanos universales.

Para este propósito, esta medida de la pobreza utiliza dos líneas de ingreso: Línea de Bienestar Mínimo (LBM), que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la Línea de Bienestar (LB), que incluye el concepto anterior, así como el valor total de la canasta no alimentaria por persona al mes. Además, incluye derechos sociales, principalmente los señalados por el enfoque de las necesidades básicas con relación a los satisfactores más importantes, como acceso de servicios de salud; seguridad social, alimentación, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y rezago educativo.

De esta manera, se define que una persona se encuentra en una situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social y su ingreso es menor a la LB; y de pobreza extrema cuando presenta al menos tres carencias sociales y su ingreso es menor a la LBM. Esta metodología sirve también para identificar población en situación vulnerable, esto es, personas que tienen problemas de ingreso pero no de carencias sociales, como fueron definidas, y aquellas personas que sí tienen un ingreso superior a la Línea de Bienestar, pero presentan carencias sociales.

Así, de acuerdo con el Coneval, en 2014 llegamos a 55.3 millones de pobres —46.2% de la población total— frente a 53.3 millones —45.5%— que se registraron en 2012, debido a que la caída en el ingreso real, en promedio en ese lapso de 3.5%, impactó. En tanto, en pobreza extrema se totalizan 11.4 millones de personas —9.5% de la población total—, 100 mil menos que hace dos años. Si bien, los programas sociales dirigidos a este grupo poblacional han dado algunos resultados, la pobreza por el nivel de ingreso prácticamente permanece igual a la que privaba en 1992 —53.1 % vs. 53.2%, que es la actual—.

Fueron ocho los estados que aumentaron el número de personas en pobreza y pobreza extrema: Morelos, Veracruz, Oaxaca, estado de México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur. El estado que concentra el mayor número de pobres es el estado de México, con 8.3 millones de personas, y Chiapas es la entidad con mayor pobreza extrema, con 1.6 millones de personas —un tercio de la población—; así, tres de cada cuatro personas en ese estado son pobres —76.2%—. En contraste, Nuevo León es la entidad con menor porcentaje de pobres —20.4%—, que junto con el Distrito Federal, mostró una contracción de este indicador en casi la mitad, en el lapso antes referido.

Existen 31.5 millones de personas con poco más de dos carencias sociales —2.3 frente a 2.4 en 2012— en promedio y por ende se encuentran en estado de vulnerabilidad. Tan sólo una quinta parte de la población —24.6 millones de personas— no son pobres ni vulnerables.

En un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se concluye que la prevalencia de los niveles de pobreza en los últimos 20 años obedece a la reducida tasa de crecimiento de la economía y la desigual distribución del ingreso —una de las peores en América Latina, la región más inequitativa del planeta—.

Así, los múltiples programas sociales que se han instrumentado han surtido algún efecto, como es el caso de Guerrero, que fue la entidad que más bajó en ambos tipos de pobreza por la decidida intervención del gobierno federal en la entidad en estos últimos dos años. Empero, hay un problema estructural en la generación de ingreso que el país no habrá de resolver con crecimientos precarios y baja productividad.

*Directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac en la Universidad Anáhuac, México Norte

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