En menos de una década, México ha cambiado de rostro: no sólo la apertura del sector energético, un nuevo modelo educativo, la creación de nuevas plataformas políticas o los cambios regulatorios; también vemos una profunda transformación social, con mayor interés en cómo se llevan a cabo los acuerdos, las negociaciones, la transparencia y rendición de cuentas.

Sin ir más lejos: el Distrito Federal se convirtió en Ciudad de México, con una Constitución propia, donde las alcaldías serán autónomas, lo que implicará una nueva relación. Otro ejemplo: se calcula que suman unos 1,300 trámites identificados, tan sólo, en la Secretaría de Economía, aunque se ha estado trabajando en una mayor desregulación.

Ante este escenario, un punto fundamental es reconocer que la forma en que la que se representaba al sector privado en las decisiones de gobierno mediante el cabildeo o las relaciones institucionales, requieren modernizarse ante las nuevas condiciones y se debe cerciorar que esto se realice a través de canales institucionales y de manera ética.

Es impensable mantener un mismo modelo de negociación o cabildeo. La tendencia global muestra que hay cambios importantes en cómo se llegan a acuerdo. Tan sólo en Estados Unidos, la cifra de cabilderos registrados en Washington ha caído a menos de 10 mil comparado con 15 mil de hace diez años.

Además del veto impuesto por el Presidente Donald Trump para que los miembros de su gabinete no estén registrados como cabilderos a nivel estatal o nivel federal; tampoco podrán trabajar para un grupo de presión en un plazo de cinco años después de dejar el cargo.

Si bien son tendencias importantes, también debemos reconocer que organismos públicos y privados mantendrán canales institucionales con el objetivo de aprovechar las sinergias, así como brindar nuevos espacios para que todas las voces tengan cabida en la generación de mejores condiciones para impulsar el desarrollo nacional, ya que la representación equilibrada del sector privado nacional en las decisiones de política pública asegura mejores condiciones para la  inversión y el empleo; menos clientelismo y mayor transparencia.

La exigencia será de una mayor profesionalización, con nuevas habilidades y herramientas: desde el conocimiento del contexto legal y jurídico, las aportaciones de las organizaciones civiles, la importancia de la transparencia. Todo para desempeñar una mejor labor, desde el marco de ética y ponerse a tiempo con el desarrollo político del país.

Una mayor profesionalización permitirá contar relaciones institucionales cada vez más valiosas; ya que en la medida en que se fortalezcan los canales institucionales entre organismos públicos, privados y civiles, también se garantiza escuchar y dar cabida a las propuestas que buscan una mejor sociedad.



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