Presenciamos un nuevo evento de violencia en Monterrey, Nuevo León, que cimbró a toda la sociedad mexicana: el intento de homicidio/lesión dolosa de 4 personas y de suicidio del sujeto activo. Este caso horroriza a la sociedad más que otros debido al perfil de quien cometió el acto y las víctimas. Se trata de un hecho cometido por un estudiante de 15 años, de un colegio privado que en el salón de clases hiere a 3 compañeros y a su maestra de apenas 24 años.

Lo ocurrido debería invitar a un análisis profundo y una objetiva autocrítica de las fallas que tenemos como sociedad, las cuales van desde el peligro que representa el fácil acceso a las armas; la deficiencia que tenemos para detectar situaciones de riesgo para la seguridad de las personas; las carencias de la educación familiar, escolar, comunitaria y social acerca del respeto a la vida e integridad de las personas y a los instrumentos normativos e instituciones que sirven para mantener la seguridad.

Mientras que los familiares y seres queridos de las víctimas deben estar viviendo una de las peores pesadillas al esperar la evolución del estado de salud de los heridos; la sociedad revictimiza a las víctimas -directas e indirectas- exhibiendo los videos de este trágico acontecimiento.

Sorprende ver la insensibilidad de quienes comparten el video, así como la falta de respeto de la ley y ética profesional de los medios que lo publican. Si bien es reprochable el morbo y la falta de empatía de quien no entiende las consecuencias de su actuar, es totalmente condenable la conducta de un medio de comunicación o reportero que exhibe la crudeza de las imágenes cuya transmisión está prohibida por la ley.

Soy un convencido de los importantes avances que como país hemos tenido en libertad de expresión y un agradecido con los medios que nos permiten dar voz a la inconformidad ciudadana. Sin embargo, distingo entre la importancia de comunicar un hecho relevante, hacer una apología de delitos o normalizar la violencia. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia el deber y derecho de comunicar debe dejar de ser secundario al respeto de la privacidad de las víctimas, por lo tanto, la presión social que puede ejercerse siempre debe ir de la mano de la ética.

La clave para discernir qué se debe comunicar es entender la utilidad de la difusión de cierta imagen de violencia, si la transmisión de un hecho delictivo fortalece la transparencia y rendición de cuentas. En este caso, mostrar un intento de homicidio múltiple y de suicidio, particularmente tratándose de menores, no abona a un país más transparente, viola el Artículo 115 de la Ley General de Víctimas, el Artículo 77 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; al contrario, revictimiza a quien sufre este evento y fomenta la normalización de la violencia.

El tratamiento ético de la información debe ser la guía de los comunicadores, ya sea que las víctimas sean niños, presuntos delincuentes o incluso casos internacionales como el homicidio del ex-embajador de Rusia en Turquía. En otras palabras, la ética debe guiarnos a todos los que decidimos usar los medios públicos de comunicación.

Nuestra labor debe ser acompañar a las víctimas, rechazar la insensibilidad y la ilegalidad de quien exhibe este evento, generar una cultura de paz y legalidad, exigir acciones efectivas para controlar y reducir los factores que han permitido que la violencia sea cotidiana en México.

Director del Observatorio Nacional Ciudadano.

@frarivasCoL

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