La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) tiene cinco objetivos: uno, eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición; dos, hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles; tres, reducir la pobreza rural; cuatro, propiciar sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes; y cinco, incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis.

Actualmente en el mundo 795 millones de personas no se alimentan suficientemente, este dato nos habla del gran reto que la FAO tiene por delante, y nos hace reconocer que ninguna organización ni sector está en condiciones de resolver por sí solo el problema del hambre.

Al unir fuerzas, la Organización y sus colaboradores pueden contribuir más eficazmente a erradicar el hambre y la pobreza crónicos y mejorar el acceso a los alimentos de los pobres y vulnerables.

El sector privado es un actor fundamental en la lucha contra el hambre y la pobreza, ya que tiene la capacidad de contribuir sustancialmente a estas metas a través de la inversión productiva responsable, la innovación, la mejora de la eficiencia y la creación de empleo, además de que puede reforzar las mejoras en los ingresos y la alimentación de las personas apoyando las actividades comerciales agrícolas familiares y la producción para el autoconsumo.

Es por ello que la FAO ha definido seis ámbitos de colaboración con el sector privado: programas técnicos y de desarrollo, diálogo sobre políticas, establecimiento de normas, promoción y comunicación, gestión y difusión de conocimientos, y movilización de recursos; en todos estos espacios se busca hacer especial hincapié en la igualdad de género.

Una colaboración estrecha de la FAO con entidades pertinentes del sector privado debe dar lugar, entre otros resultados, a la aplicación de prácticas empresariales sostenibles en el marco de programas de responsabilidad social corporativa.

Para ello, todos los potenciales socios deberían ser evaluados en función de los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, del año 2000, los cuales abordan valores fundamentales en el ámbito de los derechos humanos, laboral, medioambiental y de la gobernanza, emanan de la Declaración universal de derechos humanos, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Por otro lado, se toman en cuenta las Directrices de cooperación entre las Naciones Unidas y el sector empresarial, de 2009, que sirven de marco común al sistema de las Naciones Unidas para asociarse con el sector empresarial. Las Directrices abordan los principios generales sobre asociaciones, entre los que figuran la transparencia, la integridad, la independencia y la ausencia de ventajas injustas.

Adicionalmente, los posibles agentes del sector privado que trabajen con la FAO, se examinan también a la luz de las normas vigentes de responsabilidad social de las empresas.

Finalmente, cuando sea el caso, se consideran los criterios relacionados con la adhesión a estándares voluntarios desarrollados por la FAO. Éstos incluyen, por ejemplo, el Código Internacional para el Manejo de Plaguicidas, el Código de Conducta para la Pesca Responsable y las Directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. De esta manera el sector privado puede contribuir a lograr el Objetivo 2, Hambre Cero, de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Representante de la FAO en México

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