En 1920 en México se prohibió la marihuana, sellando el comienzo de un siglo de ilegalidad de las drogas; señoras que vendían la yerba en los mercados se convirtieron en narcotraficantes. Como lo ilustra el académico Luis Astorga en su extraordinaria obra El siglo de las drogas, los “narcotraficantes” son el producto de una elección de las políticas de Estado en materia de sustancias psicoactivas.

Dichas políticas están en proceso de ser revertidas a nivel mundial y la marihuana es el objeto principal de las reformas.

Estados Unidos ha sido por décadas el principal promotor de la guerra contra las drogas, adentro y afuera de sus fronteras, fomentando políticas de encarcelamiento masivo a través de penas desproporcionales, la proliferación del tráfico de armas y la injerencia geopolítica en América Latina.

Hoy en día el panorama es muy distinto al que conocíamos a principios de este siglo: 28 estados de Estados Unidos producen y comercian marihuana medicinal, ayudando a millones de personas con padecimientos graves o no. Además, en ocho estados se ha legalizado la producción, comercialización y posesión de la marihuana también para fines recreativos, generando miles de millones de dólares en impuestos.

En Chile, Puerto Rico, Argentina y Jamaica, por mencionar algunos ejemplos, tienen avances en materia de marihuana medicinal y autocultivo. Uruguay está implementando un modelo de regulación integral, que prevé la producción y comercialización estatal de la marihuana, el autocultivo para uso personal y los llamados clubes cannábicos para la producción y uso colectivos sin fines de lucro.

Es decir, la regulación legal de la marihuana está en marcha y no va dar pasos atrás. ¿Cuál es la situación actual en nuestro país?

En abril de 2016 el presidente Peña Nieto concluyó su participación en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) con esta exhortación: “Transitemos de la mera prohibición, a una efectiva prevención y una eficaz regulación… Miles de vidas dependen de ello”.

A su regreso a México presentó una iniciativa de ley por la cual se permitiría el uso de marihuana medicinal (mas no su producción) y la portación de 28 gramos de marihuana para uso personal en lugar de los 5 gramos permitidos actualmente en la Ley General de Salud. Una propuesta conservadora, sobre todo frente a otras presentadas en el Senado; por ejemplo, en la iniciativa del senador Roberto Gil Zuarth se propone la regulación estatal integral, desde la producción hasta la venta.

Las cartas estaban puestas sobre la mesa para lograr un consenso colocado en un punto intermedio que llevara a la efectiva descriminalización del consumo, la regulación de la marihuana medicinal y la generación de esquemas para el uso recreativo como el autocultivo y los clubes cannábicos que mantengan a los usuarios alejados de los mercados ilícitos. Meses después estamos todavía en el punto de partida. El Congreso rechazó la propuesta del Presidente y seguimos encarcelando a usuarios como si fueran traficantes. En diciembre se aprobó la iniciativa por la cual se autoriza el uso de marihuana medicinal. Sin embargo, al no permitir la creación de dichos medicamentos en México ni el autocultivo, sólo las personas de clase alta podrán tener acceso a medicamentos importados que son muy costosos.

Hay un conjunto de miedos y prejuicios que subyacen la resistencia a la regulación; analicemos algunos de ellos:

1) Se confunden “regular” y “legalizar” con “Sodoma” y “Gomorra”. La regulación legal de la marihuana permite la creación de un mercado generador de empleos y recaudador de impuestos, basado en la salud pública, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación; es un sistema estricto en el cual se prohíbe, por ejemplo, la cercanía de los puntos de venta a escuelas, la venta a los menores (a diferencia de que lo que hace el crimen organizado) y la promoción publicitaria. De implementarse tendríamos un modelo mejor regulado que el del alcohol, cuyo consumo se fomenta desde la familia y es tolerado incluso en sus manifestaciones sexistas y violentas.

2) Se tiene miedo a la salida inminente de miles de reclusos. En primer lugar, no hay datos certeros sobre cuántas personas se encuentran privadas de la libertad por la posesión de 28 gramos o menos de marihuana (pensando en que se apruebe la propuesta del Presidente); generalmente el escenario es más complejo, puesto que pueden tener antecedentes penales o vinculaciones con otros delitos. Sin, embargo, lejos de generar pánico, la excarcelación debe ser vista positivamente: es armónica con el nuevo sistema penal acusatorio; reduce la presión sobre un sistema penitenciario colapsado; se alinea a disposiciones legislativas existentes (el artículo transitorio X de la Ley Nacional de Ejecución Penal) y elimina la criminalización de jóvenes marginados.

3) Se afirma que los narcos se irán a otros mercados. Noticia de última hora: ya es así; de hecho ya hace mucho que el mercado de la marihuana está en descenso frente a la diversificación criminal. Una regulación legal estricta permite reducir, tal vez poco, las ganancias de las organizaciones criminales, alejar a los jóvenes de los mercados ilegales y violentos y de drogas más nocivas, disminuyendo los números de muertes y de violaciones a derechos humanos.

Con la regulación legal de la marihuana obtendríamos numerosos beneficios, enfrentándonos a pocos riesgos. El debate sobre la marihuana, de hecho ya está ganado, sólo falta implementarlo. La pregunta, por ende, no es si la marihuana se va a legalizar en México, sino cuándo. Hay que dar el paso y mientras antes mejor. Se nos aproxima una crisis potencialmente catastrófica, debemos repensar nuestra política de drogas también en función de nuestra economía.

Investigadora del Inacipe

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