Trabajar para salir de la pobreza

En México se puede trabajar y seguir siendo pobre. En especial, quienes perciben el salario mínimo han sido condenados por decreto a vivir en pobreza. Por la decisión de la autoridad que fija el salario mínimo sin considerar el costo de lo mínimo para vivir. En contradicción con lo dispuesto por la Constitución, que establece que el salario mínimo debe satisfacer las necesidades de la persona que trabaja y su familia.

En vísperas del 1 de mayo, Día del Trabajo, es pertinente hablar sobre trabajo, salario y pobreza. Esta no es una fecha únicamente “sindical”. No debe ser un “día festivo” vacío.

El salario mínimo tampoco es una agenda propiedad de partidos o de personajes políticos. La política pública salarial no puede seguir decretando la pobreza de millones de personas que sí trabajan. El trabajo remunerador es pieza fundamental de una política de crecimiento económico incluyente y de cualquier estrategia seria frente a la pobreza. Es obvio, pero en nuestro contexto hay que decirlo: No hay programa social que sustituya al trabajo como fuente de ingreso.

En los países desarrollados caen en pobreza quienes quedan desempleados. Los shocks económicos, el despido o las enfermedades que incapacitan para el trabajo son el factor principal del empobrecimiento en esos contextos. No es así en nuestro país. Aquí es un problema crónico y estructural.

El mínimo no cumple con lo mínimo. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), un órgano de gobierno, fijó el salario mínimo para 2016 en $73.10.

Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), otro órgano de gobierno, responsable de la medición de la pobreza, informó que el costo de la canasta básica con los bienes y servicios básicos, lo indispensable para la subsistencia de una persona era de $88.14 por día.

El gobierno representado por Conasami fijó el salario mínimo con $15 menos al día de lo necesario para vivir. Más de $450 al mes por debajo de la línea que usa el mismo gobierno, a través de Coneval, para medir la pobreza. Es pobreza por decreto. Esta esquizofrenia debe terminar.

Según Inegi, hay 7 millones de personas ocupadas que perciben un salario mínimo o menos como ingreso. Son 14% de la fuerza laboral ocupada. 3.7 millones son mujeres. El 19% del total de mujeres ocupadas. Casi una de cada cinco mujeres que trabajan percibe este ingreso mínimo.

El salario mínimo está muy concentrado en la informalidad: 90% de quienes lo perciben son informales. Uno de cada cuatro trabajadores informalizados perciben este ingreso mínimo.

No hay una solución única frente a la pobreza. La exigencia de ajustar el mínimo por “encima de la línea de pobreza” es sobretodo un asunto de congruencia para el Estado mexicano. Es un paso de efecto limitado. Es un mínimo.

Ajustar el mínimo en 2016 con base en la línea de pobreza es relevante porque es una medida de política económica —y no de política social— que beneficiaría a personas trabajadoras con los ingresos más bajos. Es una medida correcta porque el principal factor de incremento de la pobreza es la reducción de los ingresos.

El ajuste al mínimo debe distinguirse y es diferente al incremento al resto de los salarios. El “efecto faro” es un invento de Conasami. Esta Comisión no tiene atribuciones para fijar “parámetros” al conjunto de las revisiones salariales. Su único campo de autoridad es el salario mínimo y como hemos visto no lo cumple.

Ajustar al mínimo por encima de la línea de pobreza. Digamos en $90 al día (redondeando a la fecha), es sólo un primer paso. Permite mejorar a quienes hoy ganan menos que esa cantidad. Es una manera de mostrar que quien trabaja no debe ser pobre. Es un buen mensaje en el “día del trabajo”.

Consultor internacional en programas sociales.

@rghermosillo