¡Ya bájenle! Tercera llamada

El único presupuesto intocado por el recorte para 2016 es el financiamiento público a los partidos. Junto con otros privilegios de la clase política, esto constituye una afrenta a la moral pública y a la salud republicana. Todavía es posible corregir algunas de estas situaciones en el Decreto del Presupuesto 2016. Para lograrlo, se requiere ampliar la exigencia desde la sociedad a la Cámara de Diputados.

El financiamiento público a los partidos políticos está fijado en la Constitución. Esta previsión presupuestal es única en todo el texto. Ni la educación, ni la salud o cualquier otro rubro tienen ese blindaje constitucional.

Con la actual redacción, el dinero público a los partidos seguirá incrementándose mientras continúe el crecimiento natural de la población. Se requiere una reforma a la Constitución, para sustituir unas cuantas palabras y ligar el monto de dinero de los partidos a los votos válidos y no al número de personas inscritas en el padrón electoral.

Para 2016, los partidos recibirán 3 mil 953 millones de pesos, sólo del presupuesto federal. A esta cantidad se agregan los financiamientos en cada una de las 32 entidades. En 13 entidades hay elecciones locales, el financiamiento es mayor.

Los casi 4 mil millones para los partidos equivalen casi al doble del presupuesto destinado para los libros de texto gratuitos. Es casi lo mismo que se destina para educación de jóvenes y adultos en el INEA. Es más del doble de lo destinado al programa de vacunación y es casi la misma cantidad de lo destinado a las estancias infantiles para mujeres trabajadoras. Es más de la mitad de lo destinado al apoyo para emprendedores y Pymes. Es decir, es mucho dinero, que puede tener un mejor destino.

Otros privilegios pueden eliminarse ya en el Decreto del Presupuesto 2016. Entre ellos, los pagos extraordinarios en forma de bonos, compensaciones extraordinarias, aguinaldos de 2 o más meses, sobresueldos y demás pagos por encima del salario y las compensaciones normales.

El gasto en comunicación social es otra fuente de gasto oneroso. Y los arrendamientos de oficinas. En ambos casos, están supuestamente limitados en el Decreto del Presupuesto. Sin embargo, redacciones imprecisas y salvedades abren la opción a la discrecionalidad y al ejercicio de recursos para este tipo de gastos que no se justifican en contextos de real austeridad.

El presupuesto se aprueba mediante un decreto. En el decreto se establecen mandatos y normas para su ejercicio. Es ahí donde se abren las excepciones y los espacios a la discrecionalidad. La tarea en la Cámara de Diputados sería cerrar esas opciones, generar candados reales y seguimiento minucioso a las reales excepciones autorizables.

Quedan pocos días para que los diputados decidan el presupuesto 2016. La política real, las intenciones y las prioridades se fijan en el presupuesto.

Austeridad y transparencia son palabras vacías si no se reflejan en medidas reales de recorte al gasto oneroso. Para empezar se debe garantizar información clara, suficiente y oportuna sobre los recursos que son de todos. La información debe presentarse en formato de datos abiertos para realmente hablar de Gobierno Abierto.

En el decreto se deben prohibir los bonos y pagos extraordinarios, la contratación de publicidad gubernamental, la renta de nuevas oficinas y los otros gastos onerosos y discrecionales. Y se debe modificar la Constitución para reducir el financiamiento a los partidos. Ya en dos ocasiones anteriores se planteó esta exigencia. En el Decreto del Presupuesto 2010 se incluyó un artículo transitorio que después no se cumplió.

En pocas palabras. Esta es la tercera llamada: ¡Ya bájenle!

Consultor internacional en programas sociales

@rghermosillo