Fórmula anticorrupción: instituciones y sociedad

Por el Día Internacional contra la Corrupción (09 de diciembre)

De acuerdo con la ONU, las pérdidas por corrupción equivalen a 5 por ciento del Producto Interno Bruto mundial; en los países en desarrollo, apunta, la corrupción se lleva un monto diez veces mayor que el dedicado a la asistencia oficial para el desarrollo.

Con frecuencia nos damos cuenta de lo difícil que es imaginar ciertas cantidades, pero a cambio tenemos hoy una conciencia más clara y extendida respecto de los daños causados por la corrupción, que toma la riqueza producida por muchos y la traslada a unos cuantos. Es, más allá de precisiones legales y semánticas, un saqueo gigantesco y permanente.

En México llevamos casi tres décadas tratando de establecer un orden institucional para mantener la corrupción a raya.

Ello es así si tomamos como hito inicial la creación hace 28 años de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación por parte del presidente Miguel de la Madrid con la que aspiraba a materializar la idea central de su campaña por una Renovación Moral de la Sociedad.

El proceso, aunque lento y difícil, ha rendido algunos frutos, entre ellos la creación de la Auditoria Superior de la Federación y la ley de transparencia, por ejemplo.

Sin demeritar el valor de estos avances, en general las instituciones y normas creadas han carecido de un concepto integral, lo que ha incidido en una capacidad operativa limitada, escasamente coordinada, que propicia la dispersión de responsabilidades e impide la concreción sistemática de resultados.

Además, teníamos certezas que hemos aprendido a reconocer como equívocos. Por ejemplo: 1) suponíamos que la corrupción y su eventual solución eran asunto del gobierno; 2) dábamos por hecho que no se castigaba la corrupción porque no había denuncias; 3) considerábamos que quizá la única consecuencia de la impunidad era la irritación social y 4) incluso llegamos a creer, como sociedad, que la corrupción era inevitable y hasta solución cotidiana para situaciones molestas, trámites complicados u obtención de contratos.

Creamos, así, usos y costumbres (o una cultura incentivada por la impunidad, como dice María Amparo Casar) que se arraigaron profundamente y que, sin embargo, es posible modificar con decisión ciudadana, voluntad política y acción conjunta construida sobre bases de transparencia y rendición de cuentas.

Esta nueva visión hizo posible el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en cuyo impulso y diseño participó la sociedad civil como nunca antes en un proceso legislativo. Ciertamente, su éxito depende en gran medida de la calidad y acierto de su implementación, pero representa un gran avance, en virtud de que por primera vez contamos con un sistema, lo que implica la integración de leyes e instituciones con facultades y obligaciones vinculadas y complementarias.

Para traducir este avance en resultados consistentes y progresivos, tenemos que asumir, entre otros principios y consideraciones, que la prevención, sanción y eventual erradicación de la corrupción es una tarea de largo plazo, que los cambios deben hacerse desde las instituciones, que la voluntad política debe permanecer vigente y que la sociedad civil debe dar continuidad a su participación en lo que nos falta por hacer.

Una asignatura relevante es la que tiene el Senado respecto del nombramiento del Fiscal Anticorrupción, elección que esperamos acertada, pues en el entramado del Sistema esta función es determinante.

El SNA, que debe mejorarse y complementarse, coloca a México a la vanguardia en este ámbito y quizá termine revelándose como el mayor logro nacional en el presente lustro por lo mucho que puede aportar a nuestra convivencia, productividad, competitividad, atracción de inversiones, generación de empleos y confianza ciudadana.

Más aún, la adecuada prevención de la corrupción y su combate sistemático y eficaz pueden contribuir a aliviar la pobreza y la desigualdad, heridas sociales que debemos atender con urgencia.

Nota: Incluyo en este artículo ideas expresadas por (orden alfabético) Claudio X. González, Eduardo Bohorquez, Gustavo de Hoyos, Juan Pardinas, Juan Manuel Portal, Laura Rojas, Luis Almagro y María Amparo Casar. Las paráfrasis y la interpretación, desde luego, son de mi responsabilidad.

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

@mfarahg