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A un año: sin verdad y sin justicia

19/06/2017
02:17
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Los sucesos de Nochixtlán, Oaxaca, que hoy cumplen un año, constituyen una prueba de qué tanto aprendieron las autoridades encargadas de la procuración de justicia de otros casos de violaciones graves a derechos humanos —Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Ostula, La Calera— que han mostrado las deficiencias investigativas del Estado.

A 365 días de los hechos y con una investigación denunciada como lenta por organizaciones sociales y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), no conocemos aún la verdad oficial del desalojo armado que realizaron la Policía Federal, la estatal, la Agencia Estatal de Investigación y la Gendarmería contra el bloqueo carretero de maestros y habitantes contra la reforma educativa.

Mientras la PGR argumenta que los pobladores impiden la realización de diligencias fundamentales, el Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio Nochixtlán y el ómbudsman de Oaxaca han denunciado que las autoridades no cumplen los acuerdos de seguridad para realizarlas.

El titular de la DDHPO ha advertido que sólo mediante verdad, justicia y reparación se podrá trascender Nochixtlán.

Aquí subyace un lastre de la mayoría de las investigaciones. De acuerdo con datos oficiales, 98 de cada 100 delitos denunciados permanecen en la impunidad. Según el Índice Global de Impunidad sobre México de la Universidad de las Américas Puebla, el porcentaje podría ascender hasta 99% de delitos impunes.

Reportes de sociedad civil, como el elaborado por Fundar, Código DH, Consorcio Oaxaca y Luna del Sur, identificaron en Nochixtlán violaciones a derechos humanos como el uso excesivo de la fuerza, violaciones al derecho a la vida, a la integridad física y sicológica, a la libertad, al debido proceso y a la libertad de expresión.

Las consecuencias de los hechos fueron lamentables: hablamos de ocho muertos, cien heridos y una suma de cerca de 300 víctimas directas e indirectas.

Es verdaderamente crítico que a un año las autoridades no hayan llegado a la verdad; si no se salvan obstáculos como la falta de independencia pericial, el formalismo y la falta de investigación de los superiores, así como de los distintos niveles de participación federal-estatal, no habrá justicia posible ni se generará la credibilidad de que los responsables de graves violaciones a los derechos humanos son llevados ante la ley.

Es tiempo de demostrar que hay voluntad. Para ello, resulta fundamental poner en el centro a las víctimas, es a quienes la institucionalidad del Estado les debe respuestas; de lo contrario, el divorcio entre una sociedad adolorida y autoridades incapaces de cumplir con sus obligaciones se profundizará y los impactos de las propias violaciones crecerán.

Respecto a la agenda estructural que deja esta grave historia, es urgente discutir los requisitos para el diseño de una Fiscalía General de la República que sirva y cuente con instancias especializadas para investigar graves violaciones a los derechos humanos. Igualmente, es indispensable contar con una ley de uso de la fuerza que establezca controles internos y externos a la actuación de las policías y las Fuerzas Armadas.

El periodo en el que resultaba funcional la sola adopción de protocolos para incorporar principios, como el que recientemente aprobó la Policía Federal, ha quedado rebasado; hoy se necesitan también lineamientos claros para que las evaluaciones e investigaciones sobre casos de uso arbitrario de la fuerza se realicen con solvencia técnica e independencia, de modo que los casos no queden impunes y que se genere aprendizaje institucional.

En estos términos, frente a Nochixtlán el Estado debe evaluar junto con las víctimas, la aplicación del principio 11 del Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias de la Naciones Unidas, que recomienda la creación de comisiones independientes para investigar casos complejos en donde estén vinculadas instituciones públicas que pongan en duda la imparcialidad de los resultados.

Sin este tipo de mecanismos extraordinarios, posiblemente casos como Nochixtlán se mantendrán en la impunidad.

Que el Estado asuma estas acciones nos indicará si nos acercamos a un camino en el que la larga lista de casos de graves violaciones a derechos humanos pueda ir encontrando verdad, justicia y reparación.

Director del Centro Prodh

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