México ha fracasado como país y hay que admitirlo con todas sus letras aunque duela, aunque incomode. Un dato lo demuestra: en 1992, la primera vez que se midió la pobreza, 53 por ciento de los mexicanos vivía sin los ingresos para pagar una canasta básica. Veintidós años después —en 2014— el porcentaje es el mismo: 53 por ciento. Es decir, que en más de dos décadas no fuimos capaces de cambiar la realidad.

Según datos del Coneval, IETD y la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, hoy uno de cada cinco mexicanos —24.6 millones— no tiene el ingreso mínimo para comer y eso demuestra que ni el TLC, ni las reformas económicas de este y sexenios anteriores, ni el gasto social de estos años, han sido suficientes para impactar en el destino de la mitad de los mexicanos. Deberían bastar estas cifras para reconocer que si seguimos haciendo lo mismo, el saldo dentro de 22 años va a ser igual.

Vistos los resultados obtenidos, ¿es racional y moralmente válido repetir el camino andado hasta ahora? La respuesta sólo puede ser una: no. Las cifras son contundentes y quien diga que vamos por el camino correcto es un ignorante, o peor, un mentiroso que sólo quiere simular su interés por los pobres. Los datos muestran con claridad que de insistir en este modelo no habrá una mejora históricamente relevante, aunque algunos indicadores del Coneval tengan un mejor desempeño la próxima medición de la pobreza. ¿Con esas migajas nos podemos dar por satisfechos como nación?

El país está en un punto de quiebre. Los ingresos por petróleo van a la baja, la economía global crece poco y el motor de Estados Unidos no es suficiente para jalarnos con un impacto importante. La única ruta es fortalecer nuestra capacidad de consumo, no sólo porque es lo correcto, sino porque también es lo mejor si queremos depender más de nuestra propia capacidad y menos de la buena o mala fortuna de otras naciones.

Es en este marco que un grupo de organizaciones de todos colores y sabores —académicos, empresarios, trabajadores, activistas— ha construido una agenda mínima para combatir la pobreza, que esta semana será presentada a los diputados rumbo al presupuesto de 2016. No es una receta simplona ni populista, sino el trabajo de años de investigación de múltiples actores que hoy tienen claro qué se puede hacer para cambiar las tendencias de pobreza y desigualdad.

Se trata de parar ya el gasto en programas sociales que sólo dan más recursos a quien más tiene; de fortalecer el poder adquisitivo vía el aumento del salario mínimo; de gastar más y mejor en salud y educación; de cerrarle la llave a los privilegios de la clase política; de ponerle un freno a la corrupción que permite que el dinero público llegue a muchos, menos a quienes lo necesitan; de revisar mejor quién paga qué impuestos.

Las acciones son específicas, viables y están basadas en evidencias. Si los
legisladores quieren, las pueden empezar a aplicar desde este año. El documento que presentarán a Jesús Zambrano como presidente de la Mesa Directiva es una hoja de ruta que de seguirse, puede empezar a escribir una historia distinta que cambie la vida de millones de mexicanos.

La clave está en que los legisladores admitan que ningún país es viable —así sea la economía 15 del mundo— si más de la mitad de sus habitantes vive en la pobreza y si una quinta parte no tiene ni para comer. Reconocer ese hecho y actuar en consecuencia sería el legado más grande que podrían dejar y que todos los mexicanos les tendríamos que reconocer. Las ideas están puestas sobre la mesa, los diputados tienen la palabra.

Politólogo y periodista.

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