Gobernadores y policías

Hace unos días nos preguntamos si los mexicanos tenemos la policía que merecemos; dar respuesta a esta cuestión, aunque a primera vista la respuesta parezca evidentemente negativa, es bastante complicado. Implicó un gran trabajo de gestión y monitoreo ciudadano con los titulares de cada una de las áreas responsables y del desarrollo policial y no en pocas ocasiones encontramos incomodidad en las autoridades para abrirnos la puerta, reconocer sus deficiencias y encaminarse a resolverlas.

El hecho de que llevemos más de una década reconstruyendo a las policías y que los ciudadanos afirmemos que la principal falla en la reconstrucción de nuestras instituciones de seguridad es política, es más un llamado a la acción que una conclusión de perogrullo. Significa que los ciudadanos estamos llamados a romper el ciclo de la simulación-corrupción-impunidad que sólo sirve a los políticos y que se manifiesta en una continua crisis de inseguridad.

Por más de una década los sueldos de los policías de los estados más rezagados en el desarrollo policial siguen prácticamente estancados y son altamente contrastantes con el salario de sus gobernadores. Por ejemplo, en Chiapas un policía gana mensualmente 4 mil 374.12 pesos, mientras que su gobernador percibe sin contar bonos, aguinaldos y prestaciones, 17.27 veces más. En el caso de Puebla, que es la segunda entidad con más bajos salarios, un policía estatal percibe 7 mil 200 mensuales y su gobernador 19.12 veces. En contraste en Baja California, donde un policía estatal recibe 19 mil 800 —el sueldo más alto— su gobernador gana 5.5 veces más.

Situación similar ocurre con los horarios, en 12 entidades federativas los policías trabajan turnos de 24x24 horas, y dudamos que algún político pueda hacer lo mismo y estar al 100% en todos sus signos vitales. Los policías también son ciudadanos con la diferencia de que ellos son el primer contacto de las autoridades con otros ciudadanos y que tienen que perseguir directamente a los delincuentes. Entonces por qué insistir en que los policías sí pueden dar resultados con estas condiciones y ser el principal nutriente de los discursos indicativos de la reducción en la incidencia delictiva. Es incomprensible, es simulación.

Por si a este panorama le falta algo que ratificar, tenemos que sólo Campeche, Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla han dado de baja a la totalidad de los policías no aprobados por Control de Confianza, uno de los primeros puntos suscritos en aquella histórica firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de 2008. Hoy además hay que sumar que cerca de 50 mil mandos y operativos tienen su Certificado de Control de Confianza expirado y que seguramente no tienen para cuándo volverse a examinar. Incumplimiento —insisto— que es incomprensible, porque en lugar de diseñar una carrera policial que sea vista como una forma de vida para los jóvenes, pareciera que las autoridades se aferran a seguir con un modelo de policía ineficaz e improvisado que poco sirve a las necesidades ciudadanas.

Administrar las demandas ciudadanas para tener un mejor sistema de salud, educación y seguridad ha sido uno de los mayores desatinos de la política a lo largo de la última década. Nuestros políticos han preferido sólo parches antes que aprovechar la oportunidad de refundar estas instituciones y hacerlas eficientes.

Por ello, dejar que la policía siga sólo en manos de los políticos es algo que ya no podemos permitirnos. Para avanzar será necesario abordar el problema con mecanismos de supervisión ciudadana, que impulsen la profesionalización y rendición de cuentas de nuestras policías y, así, recuperar la confianza en ellas. Me parece que es tiempo de que los ciudadanos exijamos la policía que nos merecemos y no la que los políticos quieren darnos.

Presidenta de Causa en Común.

@MaEleneMorera