Tras años de corrupción, impunidad y simulación de las autoridades, la incertidumbre económica, la deficiente gestión de las finanzas públicas, y ante la evidencia de que los costos son cargados a cuenta de los ciudadanos, en México el inicio de 2017 está convulsionado por el enojo social.

El alza en el precio de la gasolina explotó el malestar social. A finales de diciembre el gobierno federal nos dio la noticia y se fueron a vacacionar, dejando un vacío de información pública que contribuyó a incrementar el reclamo.

Más allá de la justificación técnica de esta decisión, la gente está enfurecida no sólo porque el gasolinazo afecta directamente a la economía de todos los hogares mexicanos, sino también porque mientras supuestamente se aplican medidas de austeridad, el gobierno y la clase política continúan gastando a manos llenas, apartándose de la realidad del país; la violencia crece; nuestra economía enfrenta importantes riesgos; y la corrupción se enraiza cada día más.

En este contexto, el enojo social es entendible y su manifestación deseable. Sin embargo, las protestas ciudadanas se han visto contaminadas por actos de violencia y vandalismo, que permitieron la propagación de rumores y miedo entre la población. ¿A quién beneficia? Hay muchas especulaciones al respecto, pero lo que sí sabemos es a quién perjudica.

Los hechos de violencia, saqueos y bloqueos se han presentado en al menos 14 entidades federativas. Al quinto día de manifestaciones, de acuerdo con la ANTAD, más de 400 tiendas han sido saqueadas. Mientras que la Concanaco informó que 800 pequeñas y medianas empresas fueron atacadas, y en la CDMX al menos 200 mil comercios cerraron el 5 de enero.

A través de medios de comunicación y redes sociales hemos sido testigos del robo de pantallas, electrodomésticos y diversos productos en tiendas como Coppel, Elektra, Soriana, Oxxo, Chedraui, entre otros. Pero también pequeños negocios como tiendas de abarrotes, farmacias, etcétera, fueron afectados y otros tantos cerraron por temor. Las imágenes reflejan la barbarie y el cinismo. Sin duda esto genera pérdidas económicas que afectan tanto a los empresarios como a los medianos y pequeños comerciantes, y por supuesto a todos los ciudadanos, trabajadores y consumidores.

A las personas que están robando los mueve un motor diferente a la manifestación social. ¿Son producto del crimen organizado, de grupos políticos, anarquistas, o simplemente del oportunismo? Esos grupos no representan nuestra inconformidad, son ajenos al sentir de la mayoría de los mexicanos que no queremos más violencia, miedo, corrupción e impunidad. Condenamos rotundamente estos hechos, nada justifica la turba violenta que saquea, roba y daña la tranquilidad de los mexicanos.

Hasta el jueves, en el país sumaban 987 detenidos, 5 heridos y un fallecido. Sin embargo, la acción de la autoridad no es contundente. La falta de Estado de Derecho, la débil legitimidad de la fuerza pública, la poca capacidad de nuestras policías, la limitada voluntad política de los gobernantes, y las fallas en sus estrategias de comunicación, no son una ecuación ganadora.

Así llegamos a los dos mensajes tardíos que el Presidente de la República ofreció a la nación esta semana. En ellos ofreció argumentos técnicos que poco sentido hacían a la población, y que especialistas han desmentido; no fue capaz de conectar con los ciudadanos, de generar empatía, de comprender lo que pasa en las calles, de asumir las fallas y proponer acciones, de generar certidumbre. El llamado a la unidad no se hace por decreto, sino con liderazgo y visión de Estado.

El Presidente nos pidió unidad, solidaridad y serenidad ante los escenarios complejos y los desafíos por superar. Lo que nosotros le pedimos es paz y tranquilidad, ojalá nos escuche y actúe en consecuencia.

Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera

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