La cobija

Para algunos políticos resulta fácil pedir protección policial para presidentes municipales, jueces, ex gobernadores y para una larga lista de personajes de los que podríamos debatir a quiénes sí y a quiénes no, sin embargo, lo real es que la cobertura de esa cobija policial no alcanza ni para ellos, ni mucho menos para la mayoría de los ciudadanos que deberían estar en la prioridad de las autoridades y en el centro de la estrategia de seguridad.

En el caso de los municipales, algunos de los que piden policías afirman que es urgente establecer un protocolo de protección, toda vez que de acuerdo con la Asociación Nacional de Alcaldes, suman ya 86 ediles asesinados. Otros políticos afirman que no buscan policías ni escoltas, sino dotar de mayores recursos a los municipios para, “institucionalmente, revertir la inseguridad”.

Por su parte los que piden protección para los juzgadores, tras el cobarde asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías en Metepec, Estado de México, han propuesto desde impulsar la figura de los jueces sin rostro, hasta formalizar en estados como Guanajuato una propuesta para que por ley los juzgadores que atienden delincuencia organizada, secuestros e incluso narcomenudeo dispongan de policías y autos blindados.

En este exceso los ex gobernadores no podían quedarse afuera. En Tamaulipas se autorizó que la fuerza pública resguarde a sus ex mandatarios (no sabemos si también aplica para Eugenio Hernández y Tomás Yarrington); en Quintana Roo, Borge y sus piratas pretendían protección policial hasta por 15 años, reforma que fue disminuida pero no abrogada por el Congreso del Estado.

Casos de excesos como éstos ponen en entredicho la legítima protección que algunos servidores públicos necesitan, y demuestran que para pedir, primero hay que construir instituciones policiales fuertes, capaces de generar seguridad a todos y no sólo a unos cuantos y en ello muchos de los que ahora piden protección especial han sido incapaces de hacer que esta cobija alcance.

En México tenemos 2.1 policías por cada mil habitantes y si continuamos con esa política de comisionar oficiales, taparemos y destaparemos hoyos por todos lados. Aun si sólo se otorgará protección especial a los funcionarios de seguridad y procuración de justicia que convergen en los 50 municipios más violentos que definió Segob, ello no garantiza la seguridad de los funcionarios y menos de los ciudadanos comunes.

Por ejemplo, si Guerrero tiene una tasa de 2.2 policías por cada mil habitantes. ¿Cuántos se le podrían destinar a la seguridad de los 5 presidentes municipales que tienen en esa lista?, cuando la mayoría de ellos se encuentra en Acapulco y están fuera de la norma toda vez que la reprobación por Control de Confianza de su policía estatal es de 14% y tiene pendiente de renovación un 47% de su estado de fuerza, al 30 de septiembre pasado. Otro caso más grave es Tamaulipas, que tiene 1.2 policías por cada mil habitantes, tiene 3 municipios en dicha lista y el crecimiento de su estado de fuerza está muy rezagado.

En este sentido, me parece que sí se tiene que pensar en un mecanismo que salvaguarde la integridad de los distintos actores públicos, el cual contenga además una corresponsabilidad de distintas instituciones para inhibir la actividad delictiva y tenerlo, antes de que la “comisionitis” para la protección de algunos se vuelva una pandemia. Es urgente controlar este escenario definiendo alcances, perfiles, denuncias, personajes y situaciones que verdaderamente ameriten protección.

Por lo cual es necesario reflexionar qué más podemos hacer ciudadanos y policías para tejer una cobija más grande y que todos tengamos el mismo derecho de estar protegidos. Pensando en ello y en todos los temas que tienen que ver con la policía, este 7 de noviembre realizaremos nuestro 5 Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, para analizar los qué y los cómo Ciudadanos + Policías podemos incidir en mejorar nuestra seguridad.

Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMore ra