Contra el blindaje de los gobernadores

Durante años hemos denunciado actos de corrupción en los estados, pero todo queda en la impunidad. Hoy, hemos llegado al colmo del cinismo con gobernadores que se blindan con mecanismos legaloides para no ser juzgados y castigados por sus abusos. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos frente a esto?

Sin duda estamos hartos de enterarnos una y otra vez de los escándalos de casos de desvío del dinero público, de opacidad en el gasto, de atropellos sistemáticos a los ciudadanos, etcétera. Antes se trataba de investigaciones con datos aislados obtenidos por transparencia, ahora las hay completas por parte de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. La evidencia está ahí disponible para que los abusos no queden impunes.

Desde Causa en Común, llevamos al menos cuatro años documentando las barbaridades de los gobernadores y enviando alertas a la ciudadanía y al gobierno federal sobre el comportamiento de estos sujetos.

En 2013 nos dimos cuenta que el dinero para la seguridad pública de los ciudadanos simplemente desaparecía. Por ello, promovimos un amparo contra la Auditoría Superior de la Federación para obligarla a recuperarlo. De la misma forma, recientemente nos amparamos contra el fideicomiso que pretende hipotecar el Impuesto Sobre la Nómina en Puebla. A la par de más Organizaciones de la Sociedad Civil, coincidimos en llamar al Presidente, al secretario de Gobernación y al propio PRI para solicitar su intervención y frenar las iniciativas de impunidad en estados como Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua. Y hay más casos de ex gobernadores que aún no son juzgados.

Tal parece que los ciudadanos estamos haciendo nuestra parte, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos que enfrentar episodios dantescos de gobernadores que buscan blindarse?

¿Acaso no hay conflicto de interés en la postulación y elección del primo del ex gobernador González como titular de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, y en el nombramiento de gente incondicional en puestos estratégicos? ¿No es lo suficientemente escandaloso que Duarte en Veracruz busque adelantar la presentación de la cuenta pública y que pretenda nombrar al titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información? ¿No les resulta excesivo que hasta los últimos días de la gestión de César Duarte se continúe endeudando al estado de Chihuahua cuando es una de las entidades más endeudadas? ¿Y que además el gobernador Javier Duarte busque nombrar al titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción que más le convenga para los siguientes años?

Es probable que las respuestas se encuentren en el gobierno federal, pero con su inacción, quedándose pasmado, nos afecta y parece más un cómplice de los gobernadores corruptos que un aliado de los mexicanos.

También podemos encontrar parte de las respuestas en los congresos locales que son permisivos y actúan como comparsas para crear mecanismos legales que protegen al gobernador y dañan a la ciudadanía.

En fin, hay muchos responsables, pero al final los ciudadanos somos los más afectados. A pesar de tanto desorden no nos cansaremos de exigir que se respete el Estado de derecho, que la justicia sea pareja para todos y se castigue a quienes han robado, defraudado, se han coludido con el crimen, etcétera. Ojalá que esta exigencia no sea mucho pedir y que  el gobierno federal y nuestros representantes locales empiecen a poner de su parte para frenar la barbarie.

Las autoridades deben comprender que el hartazgo social está llegando a niveles desproporcionados, que estamos asqueados por los paquetes de inmunidad y las transacciones y ajustes legaloides e ilegítimos bajo la mesa. Deberían prever que el enojo puede ir más allá del castigo ciudadano en las urnas, que puede llegar a actos violentos, como los que lamentablemente han ocurrido en los últimos meses en algunas partes del país. Evitemos la catástrofe.

Presidenta de Causa en Común
@MaElenaMorera