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Todo México ve con tristeza y enojo lo que está pasando en Puebla (y en otros estados). Primero fue la terrible noticia de una familia asaltada en la carretera, que terminó con el asesinato de un bebé de 2 años y el salvaje ataque sexual a dos mujeres. Después Palmarito, donde los ladrones de combustible se pusieron en pie de lucha contra la autoridad, disparando a nuestros soldados y usando a niños y mujeres como escudo humano, según los reportajes de EL UNIVERSAL.
Primero, mi solidaridad con las víctimas directas e indirectas del delito de homicidio y violación. Esa solidaridad se extiende a las familias de los soldados que fueron asesinados. Igualmente a quienes fallecieron independientemente de “qué lado estaban”.
Segundo, la condena de la violencia perpetuada por grupos criminales debiera ser unánime.
Tercero, lo más importante gira en torno a la ausencia de autoridad que se refleja en el hecho de que los propios criminales reclaman como derecho la “ordeña” de combustible. También hay quienes justifican el hecho diciendo que son pobres, y quienes dividen a los mexicanos medrando con el conflicto social, como si el ser pobre fuera sinónimo de ser delincuente.
Los mexicanos necesitan más oportunidades, mejores empleos e ingresos. Las injusticias sociales que vivimos son inaceptables pero también que el robo de combustible se vuelva una industria multimillonaria, con cárteles armados operando descaradamente. Y es que cuando todos se corrompen y a todos los que hacen el mal les va bien, la sociedad pierde el respeto y el temor a la aplicación de la ley. Se distorsiona entonces la relación entre sociedad y gobierno y la gente se siente con “derecho” a hacer lo que piensa que hace el gobernante: robar, abusar, saquear.
Es preocupante que el Presidente de la República descubra que existe el robo de combustible y ordena —en el quinto año de su gobierno— que alguien le diseñe una estrategia para atender el problema. Tal vez el primer paso sería explicarle que en 2012 había alrededor de mil 600 tomas clandestinas y en su gobierno llegaron a más de 6 mil 100. Tal vez debería empezar a combatir la corrupción poniendo orden desde los niveles más altos de Pemex.
La respuesta del gobierno no sólo debe ser el envío de más soldados para contener las consecuencias de la ausencia de autoridad. Hay que ir a las causas. Darle presencia al Estado en todos los aspectos: social, educativo, de salud. Fortalecer las instituciones de justicia y policías debió ser un imperativo de gobierno. Y no lo fue. No quisieron hablar del tema, no depuraron ministerios públicos ni a los jueces, abandonaron a la policía y no quisieron reconstruir el tejido social que pudo hacerse a través de la prevención del delito. Y por si fuera poco: pusieron el mal ejemplo en términos de corrupción.
El desafío más grande para resolver la crisis del robo de combustible en el centro de México está en la presencia del Estado, en recomponer el tejido social y regresar a muchas comunidades a la senda de la legalidad. Llevará años y será una tarea delicada pero tiene que hacerse porque en ello va el futuro del país.
POR CIERTO. Hace unos días, algunos diarios sacaron la información de una denuncia de delito en las cuentas del Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, se trata de mil 600 millones de pesos. ¿Y adivinen qué dijo la Secretaría de Hacienda? Pues que no podía intervenir porque carece de competencia para recibir denuncias de hechos delictivos y para realizar la investigación. ¿Y entonces quién? La denegación de justicia es una de las causas de impunidad y de la falta de Estado de Derecho.
Abogada
