Amenaza

Oponerse a la Ley de Seguridad Interior es imperativo, porque implica la militarización y porque nuestros problemas no se resuelven con la violencia, sino con empleo, educación, combate a la desigualdad y a la pobreza. Existe un problema grave de seguridad pública, pero la solución corresponde a las autoridades civiles, conforme al artículo 21 Constitucional, no a las Fuerzas Armadas. Éstas se distinguen por su nacionalismo, sentido social y popular; son los altos mandos, Calderón y Peña, quienes imponen a nuestras Fuerzas Armadas la transformación de su esencia histórica, civilista y pacifista. Exigir que se apeguen a la Constitución y regresen a los cuarteles no es estar contra las Fuerzas Armadas. Calderón y Peña han provocado con sus órdenes militarizantes: violaciones generalizadas a los derechos humanos, denunciadas explícita y enérgicamente por la ONU y la OEA; y el desmantelamiento del civilismo y el federalismo, creando regímenes de excepción penal y militar, subordinando hasta el Congreso. La Ley de Seguridad Interior obedece al interés geopolítico estadounidense de militarizar a México para la protección de sus corporaciones e intereses. La Iniciativa Mérida lo comprueba. No sufrimos terrorismo, el crimen organizado deriva del alto consumo de drogas en Estados Unidos. En nuestra Iniciativa presentamos estudios que demuestran que desde 2001, la Patriot Act —efecto del ataque a las Torres Gemelas— impulsa la militarización de Latinoamérica, particularmente de aquellos que, como México, no cuentan con controles democráticos capaces de contener las políticas de seguridad impuestas. La Suprema Corte ha contribuido, con su interpretación constitucional, a la militarización. Las Iniciativas de senadores y diputados, de Leyes de Seguridad Interior, violan los artículos 21, 89, 73, y 129 Constitucionales. La seguridad pública es tarea de los civiles y, en época de paz, el lugar de las Fuerzas Armadas son los cuarteles. El Congreso carece de facultades para legislar en materia de seguridad interior. La violencia oficial no ha resuelto el problema; en diez años, más de 200 mil muertos, 30 mil desaparecidos, miles de desplazados. La presencia militar no disminuye la violencia, incrementa el nivel de “letalidad”. Los costos económicos de la militarización son enormes, de 2001 a la fecha, el gasto militar se ha incrementado 800%, en demérito del gasto social, desde 2008 aumenta exponencialmente. Gastamos tres veces más en armamento que lo que nos aporta EU. Contra la verdad oficial demostramos en la Iniciativa que sí existen policías federales, estatales y municipales para enfrentar la crisis, pero se les ha desarticulado y subordinado.

Presentamos Iniciativa (https://goo.gl/bgCMNL): derogar las facultades del Congreso para legislar en Seguridad Nacional, que corresponde a los ciudadanos, a todas las autoridades, fundamentalmente a las civiles. Proponemos que en tres meses, las Fuerzas Armadas regresen, conforme al artículo 129 constitucional, a sus cuarteles; que en tres meses, las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno deben reasumir sus competencias en seguridad pública; quien no pueda reasumirlas, lo comunicará al titular del Ejecutivo federal, para que inicie sobre la entidad correspondiente, el procedimiento de “suspensión de garantías”. Proponemos declarar nulos, por inconstitucionales, los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad nacional, interior y pública, suscritos con EU. Consideramos necesaria una Comisión que deslinde responsabilidades producto de “la guerra”. En dos meses, a partir de la entrada en vigor de esta reforma, el Congreso determinará las reglas para constituir un sistema de profesionalización policial para los tres niveles de gobierno. La gravedad de la situación obliga a una profunda reflexión nacional y al Congreso a desechar las presiones del Ejecutivo, gobernadores, generales y almirantes, orquestados desde el mismo tinglado. Vivir en un régimen militarizado amenaza a todas las libertades ciudadanas. ¡Impidámoslo!

Senador de la República