Simuladores que frenan alza al salario mínimo

El proceso para desindexar el salario mínimo implicó un empuje incansable bajo la premisa de que era la única barrera que comprensiblemente limitaba su incremento, por las consecuencias que traería en múltiples transacciones económicas que tenían como unidad de medida a dicho salario. Ahora que el salario está liberado de la cadena de indexación no hay pretexto para iniciar un proceso paulatino que revalore los ingresos de un número considerable de trabajadores.

La llave que abrió el último candado, que encarcelaba al salario mínimo, fue la aprobación de la reforma constitucional en 17 estados, lo cual amerita no sólo la celebración de este logro, sino que obliga a que se dé un paso definitivo en su incremento. Suena ingenuo esperar que la honestidad se imponga sobre la retórica de quienes más que defender los intereses de los trabajadores, plantean ahora simuladas barreras para seguir pisoteando los ingresos mínimos. Sin embargo, lo menos que debemos hacer es alertar que su discurso busca aplazar todavía más el urgente aumento del salario mínimo.

No hay pretexto, una vez desindexado el salario es importante definir cómo operará la nueva unidad de medida que lo sustituye para los efectos paralelos, pero esto no es una condicionante para el incremento. No obstante, en esta historia de manipulación, tanto el Consejo Coordinador Empresarial como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social han salido a distorsionar el mensaje, asegurando que el proceso de desindexación no está concluido hasta que se emita una ley secundaria que formalice la Unidad de Medida y Actualización.

La urgencia con la que llaman “respetuosamente” al Congreso de la Unión a emitir esta ley muestra un elegante toque de conciencia en el que aparentemente se pretende avanzar en el nuevo cálculo del salario mínimo. Tengamos claro que para que el salario aumente no es requisito tener la Ley de Unidad de Medida. Lo saben Alfonso Navarrete Prida y Juan Pablo Castañón, pero saben también que condicionándolo pueden postergar el incremento que por humanidad no debe seguir en esos rangos raquíticos. Según su interpretación, se requiere la ley emitida “con el objetivo de concretar la desvinculación real y efectiva del salario mínimo, toda vez que, como lo estableció el propio Constituyente, durante 2016 la Unidad de Medida y Actualización continuará teniendo como referente al salario mínimo vigente”.

El último aumento de 4.2%, que implicó menos de dos pesitos adicionales, se realizó sin que la Ley de Unidad de Medida estuviera concluida. Es un hecho que si se toman medidas serias para hacer un incremento sensato más que simulatorio, la reforma es una protección jurídica incuestionable para no modificar ni una milésima cualquier otro monto que hubiera antes estado amarrado al valor del salario mínimo.

Llegó el momento de responsabilizarnos de los poco más de tres millones de personas que en el sector formal reciben 73 pesos diarios por jornada. No sólo por justicia social sino porque, como señaló el subsecretario de Desarrollo Económico y Sustentabilidad de la Ciudad de México, Ricardo Becerra, este movimiento tendrá efectos positivos en la política económica del país: “La economía formal está produciendo pobres extremos todos los días, pero también es un acto de buena política económica (aumentar el monto) porque esos 16 pesos que se entregarían a los trabajadores se van a poner en circulación dentro de la economía, dentro del consumo”.

La propuesta de elevar el salario a 87 pesos no es caprichosa. En octubre de 2014, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), después de un análisis entre sus especialistas, definió que 86.33 pesos es el ingreso mínimo necesario por un adulto y un dependiente para que ambos puedan desayunar, comer y cenar. Ya no digamos ir al cine, salir de vacaciones o invertir en una hipoteca de vivienda o de retiro.

Sería congruente que el secretario Navarrete Prida y el señor Juan Pablo Castañón continúen impulsando la emisión de la ley de unidad de medida pero paralelamente, no condicionadamente, promuevan el incremento justo del salario, partiendo de la propuesta de elevarlo cuando menos a 87 pesos. Si su interés está realmente enfocado a promover la justicia laboral, agilizar el incremento debería ser su bandera.

Analista política y activista ciudadana