El miedo a dejar el poder

Dicen los que dicen saber, que entre asumir y dejar el poder, no hay mucha diferencia en grado de dificultad. Nicolás Maduro ha dado muestras irrefutables de su incapacidad para gobernar. Ahora también de su incapacidad para mantenerse en el poder. Su caída es un destino anunciado. De él, de su grupo y de la llamada revolución bolivariana.

Pericles, uno de los grande gobernantes de la historia responsable de llevar a la práctica la democracia griega, sorprendió a todos cuando al término de su mandato optó por el exilio con un simple argumento: en las verdaderas democracias las instituciones están por encima de sus propios creadores.

En Maduro presenciamos la antítesis de Pericles. Un gobernante incapaz de asegurar la institucionalidad democrática y el bienestar de su pueblo. Para 2016 se espera una inflación superior a 700%. El desabasto de productos básicos asciende a 82% en Caracas, la ciudad mejor surtida. En 2016 se suspendió la producción de cervezas, gaseosas y papel higiénico. Hasta la gasolina escasea. Las oficinas de gobierno trabajan dos días a la semana y los cortes al suministro de energía son rutina. La población dedica la mitad de su tiempo a las colas en los supermercados o en el mercado negro para sobrevivir.

En un escenario en el que la riqueza nacional y las prácticas democráticas fueron hace rato expropiadas por el gobierno, después de 18 años de lucha política la oposición logró mayoría (67%) en la Asamblea Nacional (AN), su primera victoria. Dicha Asamblea se instaló el 5 de enero de 2016 y el 14 de ese mes el presidente decretó estado de Emergencia Nacional — por 60 días— lo que le permitió ignorar cualquier mandato surgido de dicha asamblea. Al no contar con la aprobación de la Asamblea —requerida por ley— el jefe del Ejecutivo llevó su decreto al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que controlado por los chavistas desestimó el resolutivo parlamentario y le dio “legitimidad” al decreto presidencial.

La oposición recurrió entonces a la figura constitucional del Referéndum Revocatorio. Para detonar el proceso requería de 1% del padrón electoral: 200 mil firmas. Consiguieron 1.8 millones de firmas, el 9%. Ahora el Ejecutivo argumenta que debe verificarse la autenticidad de cada una de las firmas, lo que a decir del Consejo Nacional Electoral (CNE), también bajo su égida política, podría llevar hasta el próximo año. Para convocar nuevas elecciones el referéndum debe realizarse antes del 10 de enero de 2017. Después de esa fecha, a la salida de del presidente la silla la ocuparía el vicepresidente Aristóbulo Istúritz, quien declaró que “A Maduro no lo sacarán ni con referéndum ni con nada”. Y de nuevo la casa gana.

El 13 de mayo Maduro declaró un nuevo estado de excepción, ahora por tiempo indefinido. La oposición salió a las calles a manifestarse pacíficamente, pero las manifestaciones públicas ya están prohibidas y el que lo haga se arriesga a ser “legalmente” reprimido y encarcelado.

Chávez acercó el país al abismo y Maduro le dio el empujón que la faltaba. Literalmente, maduró la debacle. Frente a su incapacidad de hacer política se aferró al ideario bolivariano y al de su mentor Chávez que se puede resumir en una frase: la revolución bolivariana, el poder de Chávez, ahora de Maduro y su grupo, está por encima de cualquier argumento democrático.

Maduro es doblemente ingenuo al pensar que alguien desde el exterior se tomaría la molestia de ir a Venezuela a arreglar el desastre resultante de 18 años de autocracia, decorada con idearios revolucionarios. Así las cosas, como sucedía hace 200 años, el fiel de la balanza queda en manos de los militares, el único poder real para destrabar el pánico escénico de Maduro para dejar el poder. ¿Qué sigue después? Me parece que ni los propios venezolanos lo saben.

Especialista en temas de seguridad  y política exterior.

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