La noticia golpeó en seco. Los detalles del multihomicidio en la Narvarte comenzaron a propagarse y, desafortunadamente, Nadia Vera estaba ahí con cuatro personas más. El primero en ser identificado fue el fotoperiodista Rubén Espinosa. Ambos habían llegado meses antes a refugiarse al Distrito Federal al sentirse amenazados en suelo veracruzano.

Las primeras notas revictimizaron a las víctimas, particularmente a tres de las cuatro mujeres. ¿A qué se dedicaban?, ¿qué acostumbraban hacer?, ¿cómo se divertían?, etcétera. La nacionalidad colombiana de una de ellas contribuyó aún más a la colocación de etiquetas prejuiciosas. (Tuvo que intervenir la CDHDF para que la Procuraduría frenara las filtraciones y preservara los datos personales de las víctimas).

Mirtha viajó a la Ciudad de México sólo con el objetivo de que le entregaran el cuerpo de su hija. Quería vivir en Comitán su duelo. En ese momento, lo más fuerte era el dolor y la necesidad de consuelo. Pero también estaban allí la indignación, la rabia y la impotencia.

Hubo que regresar a la capital de la República poco tiempo después para desempeñar un rol no deseado, inesperado, difícil: ser víctima de un delito. Así estaba clasificada Mirtha junto con 21 personas más.

Todavía en estado de shock, cuando hay desconexión entre lo que ordena el cerebro y lo que hace el resto del cuerpo, tuvo que enfrentarse a la deshumanizada burocracia y llenar un formulario que en las primeras líneas le pedía responder a la pregunta: ¿por qué es víctima del delito? Narre resumidamente los hechos.

Mirtha intentó escribir, pero su mano se frenó. Una pasante que estaba junto a ella quiso auxiliarla. Se escuchó la instrucción tajante detrás del escritorio: ¡tiene que ser de puño y letra de la víctima!

Faltaba recoger las pertenencias en el lugar de la tragedia. Se notaba descuido en el resguardo de la escena del crimen. —Así lo documentó después la CDHDF—. Entró abatida, con ganas de no ver, pero también de recuperar algunas fotos y objetos que la acercaran a Nadia. Una advertencia llegó cuando estaba ensimismada: “no vaya a llevarse otras cosas que no sean las de su hija”. ¡De nuevo la rabia!

Mirtha sólo tenía el deseo de volver a Chiapas y de que la pesadilla terminara —si es que va a terminar algún día—. En su cabeza, preguntas recurrentes. La mayoría de ellas aún sin respuesta.

Al enterarse de que fueron aprehendidos tres presuntos autores materiales del crimen, reinó el escepticismo. Dos, aún no tienen sentencia. A otro, un juez de primera instancia le impuso 315 años de prisión. ¿Algún consuelo? Ninguno.

Diez días después de los sucesos, Javier Duarte, entonces gobernador de Veracruz, manifestó ante el fiscal de la PGJDF que quería contribuir a la investigación “para despejar las dudas que pudieran generar confusiones y distraer a dicha autoridad de las verdaderas líneas de investigación… que tienen una orientación definida por la posible comisión por (sic) el delito de robo…” Aseguró también que en Veracruz no había riesgos ni para periodistas, ni para activistas.

Ninguna línea de investigación siguió su curso hacia el ex gobernador. En la recomendación 4/2017 de junio pasado, la CDHDF señaló detalladamente las deficiencias, omisiones y derechos humanos violados en este caso.

Nadia eligió Veracruz para su desarrollo profesional y encontró condiciones adversas. Lo que vio y vivió ahí la llevaron a sumarse al activismo social que la colocó en posición vulnerable. Nada ni nadie puede devolverle la vida a Nadia. Tal vez se encontraría un poco de consuelo si el estado de cosas cambiara en Veracruz y en el país entero.

La voz de Nadia ya fue silenciada y la de Mirtha no ha encontrado suficiente eco. En sus denuncias de derechos violados prevalece hoy el derecho a la verdad y a la memoria.

Directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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