Las últimas semanas hemos sido testigos de hechos lamentables que atentan en contra de derechos humanos fundamentales; en un país democrático, son hechos absolutamente inaceptables. Dos destacados periodistas fueron cobardemente asesinados: primero, Miroslava Breach, en el estado de Chihuahua y, apenas la semana pasada, Javier Valdez, en el estado de Sinaloa. Los hechos, por desgracia, no son algo nuevo en México. En lo que va de 2017 han perdido la vida en hechos similares seis periodistas, y desde el año 2000 son 126 los comunicadores que han sido asesinados. No conozco el dato de cuántos mexicanos se dedican al ejercicio periodístico pero, por lo que se puede ver, se trata sin duda de uno de los grupos sociales más vulnerables y que requiere de mayor protección. El daño causado a la imagen del país ha sido mayúsculo. Los organismos internacionales del gremio, tienen la mira puesta en México y pareciera que no hacemos nada. Es inaceptable que sigan ocurriendo estos crímenes, y para ello por ningún motivo deben de quedar impunes.

A partir de 1988, la democracia nos trajo a los mexicanos una serie de beneficios, y uno de ellos es sin duda la existencia de pluralidad de opciones y de contenidos en los medios de comunicación. Afortunadamente para nosotros, los medios nacionales gozan de libertad de prensa absoluta, pero en algunas regiones del país los medios locales han perdido dicha libertad; y no tanto por culpa de un poder político, sino, lo que es peor, por miedo a poner en riesgo su integridad y la de su familia. Es responsabilidad de todos contribuir a que ese miedo no sea un factor que obstruya la libertad. Siempre he creído que es una obligación del Estado generar, proteger y preservar un ambiente propicio de libre circulación de ideas e información. Asegurar, en otras palabras, que los periodistas puedan hacer su trabajo libremente, para que los ciudadanos estemos bien informados. Tener acceso a la información y difundirla a través de la labor periodística es un derecho que todo Estado democrático debe garantizar a sus ciudadanos.

La impunidad en la comisión de crímenes violentos en contra de comunicadores se traduce en una herramienta de censura —y de “autocensura”— que afecta gravemente a nuestro sistema democrático. Es muy preocupante que cada vez sean más los medios de comunicación que en algunas regiones del país deciden no dar cobertura a determinados temas como medida de protección. Los delitos en contra de periodistas tienen un solo objetivo: silenciar. Esta situación repercute directamente en el aspecto social del derecho de la libertad de expresión. Debemos de reconocer una realidad que a todos nos duele: en muchas partes del país no existen las condiciones para ejercer el periodismo. Los gobiernos, federal y locales tienen que dar a este problema la máxima prioridad.

Es cierto que cualquier asesinato debe de ser condenable y que las vidas de las personas valen exactamente lo mismo, pero los asesinatos de periodistas traen aparejado también un daño a la sociedad, pues se trastoca el derecho del ciudadano a estar bien informado. Las agresiones en contra de los profesionales de la comunicación son delitos que tienen el efecto de amedrentar a otros periodistas y a la ciudadanía, pues generan temor a denunciar los atropellos, abusos y actos ilícitos de todo tipo.

Dado que en México está más que demostrado que el ejercicio del periodismo se ha convertido en es una actividad riesgosa, el Estado mexicano está obligado a garantizar el pleno ejercicio de quienes se dedican a esta noble profesión. Está en juego el derecho de nuestra sociedad democrática a estar bien informada. La libertad de expresión, la libertad de prensa son derechos que los mexicanos valoramos de manera muy especial y son piedra angular de nuestra transición democrática.

Abogado.

@jglezmorfin

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