Las últimas semanas han estado marcadas por la detención, más allá de nuestras fronteras, de dos ex gobernadores señalados por escandalosos actos de corrupción. Uno de los casos es de tal magnitud y descaro, que ha indignado, con justificada razón, a toda la sociedad. Los hechos dados a conocer demuestran que redes de corrupción y de impunidad invaden nuestras instituciones en los tres órdenes de gobierno. La ciudadanía exige a los gobiernos encontrar las mejores herramientas para combatir la corrupción de manera frontal, sin miramientos y sin reserva alguna, y acabar con la impunidad que tanto ha minado la confianza ciudadana.

Recientemente, en México se creó todo un Sistema Nacional Anticorrupción que establece mecanismos de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, para prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción. Es, considero, la última oportunidad que tenemos para acabar con ese flagelo que amenaza acabar con el país. Este esfuerzo, que tiene por objeto poner un freno a quienes desde el gobierno, o desde fuera de él, incurren en actos de corrupción, tiene que rendir frutos; es lo que demanda la sociedad. Estoy convencido que la única forma de combatir con efectividad al flagelo de la corrupción, que no respeta órdenes de gobierno ni división de poderes, y no distingue colores, es con una estrategia conjunta, coordinada, implementada con visión de Estado.

El reto es enorme. Consiste, en primer lugar, en que aquellos que incurran en actos de corrupción sean castigados con severidad y; segundo, que el marco regulatorio existente sea lo suficientemente transparente para inhibir el desarrollo de prácticas dudosas por parte de los servidores públicos. Esto segundo, creo yo, es tan importante o más que lo primero. Se trata, simple y llanamente, de generar en el servidor público una cultura de prevención de actos de corrupción.

La corrupción ha impuesto a nuestro país un enorme costo social y ha erosionado la confianza de la gente en las capacidades de sus gobiernos. La corrupción y la impunidad han terminado por desgastar cada vez más a nuestro régimen institucional. Claramente, vivimos tiempos desafiantes para las instituciones democráticas. El reto no es menor: si se quiere fortalecer el respaldo social a la democracia, es indispensable ofrecer resultados concretos a los ciudadanos.

La corrupción es un fenómeno mundial. Constituye un riesgo para el ejercicio de buen gobierno, impide el crecimiento económico y el desarrollo humano de los países y, atenta contra el desarrollo democrático. Es importante dejar de pensar solo en casos particulares, de personas o de partidos, y admitir que el problema es de todos, sociedad y gobierno.

La implementación del Sistema es una oportunidad que tenemos como país de construir mejores herramientas que permitan abatir las prácticas de corrupción, acabar con la impunidad y exigir transparencia y rendición de cuentas a nuestros gobernantes. Es también una gran oportunidad para establecer mecanismos de prevención. Hay muchos rubros del Sistema que si se implementan correctamente, pueden contribuir a erradicar una serie de prácticas que minan a nuestras instituciones y debilitan el funcionamiento de la sociedad en su conjunto.

Al final del día, lo que está en juego es la viabilidad de nuestro país. El reto está en consolidar el Estado de Derecho como fundamento para el desarrollo de largo plazo. Construir una economía plenamente desarrollada pasa necesariamente por la construcción de una sólida cultura de la legalidad y el combate frontal a la impunidad y a la corrupción. Una correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción que ponga un énfasis especial en el tema de la prevención nos pondría en esa dirección.

Abogado.

@jglezmorfin

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