Tres años de reformas: avances y desafíos (II)

En mi artículo anterior hice un balance de las principales reformas y leyes que se aprobaron en los tres años de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados. Toca ahora hacer un recuento de los que, considero, son los desafíos más importantes de la LXIII Legislatura, que inicia en septiembre.

En primer lugar, el tema que está en el centro de la discusión nacional es, sin duda, la corrupción. La siguiente legislatura tiene el reto de aprobar la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, y debe hacerlo en un contexto de indignación y rechazo social. Episodios como los de la casa blanca y la “casa de Malinalco” dejan al país con la sensación de que el que la hace, no la paga. Urge regular el conflicto de interés en la legislación secundaria del sistema anticorrupción. Urge además cerrar espacios a la discrecionalidad en áreas proclives al cohecho como la obra pública y las compras del gobierno. De las discusiones que tendrán lugar en el Congreso en los próximos meses dependerá si el Sistema Nacional Anticorrupción cumple con las exigencias ciudadanas o si se queda en una ley llena de buenas intenciones, pero sin el poder de cambiar las cosas.

En segundo lugar, la LXIII Legislatura tendrá el enorme desafío de aprobar el paquete económico para 2016 en un entorno por demás negativo para la economía. El gobierno tendrá que ajustar el gasto público ante la caída en los ingresos petroleros, al tiempo que enfrenta inestabilidad cambiaria, presiones del mercado para incrementar la tasa de interés y, con todo ello, posibles presiones inflacionarias. Eso sumado a la camisa de fuerza que representa la política fiscal de esta administración para hogares y empresas, nos arroja un panorama francamente desalentador. ¿Tendrán el gobierno y su bancada legislativa la visión y la capacidad técnica y política para diseñar un presupuesto realista que realmente oriente el gasto a áreas que ayuden al país a sortear la crisis? ¿O triunfarán los cálculos políticos y electorales en un año en el que se renuevan 12 gubernaturas? Son preguntas cuya respuesta sabremos muy pronto.

En tercer lugar, es indispensable que la legislatura entrante apruebe nuevas leyes para fortalecer la lucha contra la delincuencia. En especial, México requiere que se discuta y apruebe a la brevedad la Ley de Seguridad Interior, que definirá el papel de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen. Es claro que, a pesar de la grave crisis de seguridad que enfrenta el país, la mayoría de los gobiernos estatales no ha estado a la altura de las circunstancias en cuestión de profesionalización de policías y reformas al sistema de justicia. Tal como lo ha preguntado el propio secretario de la Defensa Nacional, la participación del Ejército en funciones policiales “es una solución que los gobiernos locales han encontrado para sus problemas, pero no es la mejor solución”. Ante ello, es urgente establecer en la ley un marco de actuación que entre otras cosas, marque con claridad un punto final para que el Ejército regrese gradualmente a sus cuarteles. Una nación del tamaño y con los recursos que tiene México no puede permitirse la negligencia de no formar cuerpos policiales y dejar permanentemente a sus Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. La legislación también debe atender ese punto y prever medidas para que el Congreso de la Unión pueda llamar a cuentas a los gobernadores omisos a fin de que cumplan con sus obligaciones constitucionales en materia de seguridad y justicia.

En suma, la LXIII Legislatura tiene ante sí retos fundamentales. La composición de la Cámara de Diputados, con 250 legisladores del PRI y del PVEM, hacen necesario que la oposición cumpla con su papel de contrapeso y supervisión del gobierno en los tres años que le restan a la actual administración. Esperemos que todas las fuerzas políticas estén a la altura de los desafíos tan grandes que vive nuestra nación.

Diputado federal por el PAN.
@jglezmorfin