Manglar de Tajamar: ley del mercado vs ley del Estado

Controvertida y muy polémica la discusión y forma en que se ha encausado el caso del manglar Tajamar. Se puede percibir, en principio, una disputa política plural entre gobiernos de diferentes partidos y administraciones, en las que se imputan unos a otros la responsabilidad por haber autorizado y prorrogado el permiso para crear un desarrollo turístico que según el Consejo Coordinador Empresarial, tendría una inversión de más de mil millones de dólares, con la creación de 3 mil 500 fuentes de empleo directas. Lo que no se dice es que la generosa inversión proyectada, va acompañada de 59 hectáreas destruidas de manglar, con la consecuente repercusión en el hábitat de diversas especies de flora y fauna, que en el mejor de los casos podría ser recuperada en 30 años, si la naturaleza así lo dispone.

Claro que el momento ha sido aprovechado por otros partidos, ante la circunstancia de encono y malestar social, para hacer presencia oportunista, bajo el supuesto interés de defender la protección del medio ambiente. Ante estos hechos, me pregunto, ¿en dónde estaban estos legisladores cuando el tema apenas empezaba y no se había lastimado un solo centímetro del manglar? Ofrecen tapar el pozo, cuando ya ocurrió la tragedia.

Es entendible que los políticos en general funcionan bajo la lógica de la mayor utilidad y rentabilidad política, pero hay momentos en donde debe de haber ética pública, para respetar y defender el interés público y no especular sobre posibles votos, más cuando están de por medio derechos fundamentales y la dignidad humana.

Ante estos hechos, los ex funcionarios de la administración de Fox eluden toda responsabilidad, al manifestar que cuando se otorgó el permiso en Tajamar, no había legislación que limitará dicha autorización en los términos en que fue aprobada. Esto quiere decir, que aunque el sentido común les hacía ver sus excesos, la omisión de la ley los absolvía de cualquier consecuencia futura.

Por su parte, el ex presidente Calderón no asume responsabilidad alguna, al señalar que no fue en su administración cuando se otorgaron dichos permisos, sin embargo sí les concedieron las prórrogas con las cuales recién se llevaron a cabo las maniobras de devastación, y para entonces, ya existía la nueva legislación que protege a los manglares. Qué contradicción de palabras y actuación.

Y las actuales autoridades en voz del titular de Semarnat, han comentado que nunca hubieran autorizado un proyecto así, pero que habrán de respetar el permiso vigente de los desarrolladores para seguir con la destrucción ambiental, porque son respetuosos de la ley, en especial del artículo 14 constitucional, que establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Esto es parcialmente cierto cuando se trata de leyes secundarias, sin embargo tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido que no se vulnera la retroactividad cuando se aplica hacia el pasado el propio texto constitucional. Si leemos lo establecido por los artículos 1, 4, 27 y 128 Constitucionales, no necesariamente se deberán de respetar las actuales condiciones del permiso que tienen los desarrolladores. El Estado por medio de sus autoridades, tiene alternativas para encontrar soluciones a un problema que plantean las leyes del mercado en contra de las leyes del Estado.

En el primer caso, se busca la mayor ganancia posible, en el menor tiempo posible, con la menor inversión posible. No importan los derechos de todos, sino la utilidad económica de unos cuantos. En el segundo caso, son las leyes y su aplicación, las que ponen límites al abuso, cuando está de por medio el interés colectivo, el interés público. Aquí sí importan los derechos de todos, porque el Estado es responsable de garantizar la protección más amplia de un medio ambiente sano y equilibrado.

Académico en la UNAM