Seguridad pública: se agotó el tiempo

Tuvieron que transcurrir casi veinte años para que el asunto de la seguridad pública detonara una sacudida institucional. El debate del momento sobre un “marco jurídico que regule la actuación de los militares en tareas de seguridad pública” abarca, en los hechos, varios asuntos. Primero, la demanda de las Fuerzas Armadas de que su participación en esas tareas se dé en el marco de un régimen jurídico integral y sólido, que les brinde certidumbre jurídica adecuada.

Segundo, la justificada exigencia de la sociedad para que la participación de todas las fuerzas involucradas en seguridad pública, incluyendo las Fuerza Armadas, se dé en el contexto de un respeto absoluto a los derechos humanos, de mexicanos y extranjeros. Tercero, reafirmar que la participación de las Fuerzas Armadas es temporal, como se planteó desde un principio, y evitar que una situación de excepción, se transforme en un régimen permanente.

Cuarto, lo más importante, qué va a hacer el país para estar en condiciones de prescindir de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas con seguridad pública. En realidad, la falta endémica de cuerpos policiacos competentes y suficientes constituye la causa raíz de toda esta problemática. Además, al reflexionar sobre el futuro de la seguridad pública y el combate al crimen organizado no debe soslayarse el impacto que gradualmente tendrá la despenalización del consumo de marihuana (y eventualmente otras drogas) en EU, y los avances en México en la materia a partir de modificaciones a la Ley General de Salud.

Las Fuerzas Armadas han participado con diligencia en materia de seguridad, lo que todos los mexicanos debemos agradecer, precisamente debido a la incapacidad del Estado mexicano para resolver el problema de fondo: que los gobiernos municipales y estatales, e incluso el gobierno federal, no han sabido cumplir con sus funciones de seguridad para los mexicanos. Con el tiempo se ha creado un incentivo perverso: con comodidad, los gobiernos estatales y municipales recurren a las Fuerzas Armadas para que resuelvan el déficit de seguridad.

Mucha tinta se ha derramado debatiendo las opciones para fortalecer las policías desde la base. La deliberación ha abarcado esquemas de solución que puedan acomodar la gran heterogeneidad de los gobiernos municipales en México. Se ha reflexionado acerca de mecanismos financieros compensatorios, de la integración de cuerpos intermunicipales, de la coadyuvancia de cuerpos estatales con municipales, del “mando único”, entre otros.

El punto es que lo que hoy se discute tiene sus orígenes, su raíz en la impotencia del Estado mexicano para encontrar una solución viable, durante los últimos veinte años, desde la estrategia que se planteó en 1997, que incluyó la integración de la Policía Federal Preventiva.

Por eso resulta tan frustrante el debate actual, pues no se plantean todas las dimensiones de la problemática, como la fragilidad administrativa, institucional y financiera de los municipios, la actitud evasiva de gobiernos estatales respecto a cumplir la función que les corresponde, la falta de una visión y/o de respuestas reales por parte del gobierno federal para el fortalecimiento financiero e institucional de los gobierno estatales (gastan 10.8% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE es 14.1%), y municipales (gastan 2.1% del PIB, en comparación con 6.5% del promedio de la OCDE). Desde hace tiempo que el federalismo mexicano está colapsado (EL UNIVERSAL, julio 14) y esto constituye el sustrato de la crisis de seguridad pública, que ahora detona una serie de ramificaciones a partir del importantísimo tema del rol y las funciones de las Fuerzas Armadas de México en tareas de seguridad pública.

Resulta ingenuo pensar que las Fuerzas Armadas podrían regresar a sus cuarteles dado el raquítico estado de las fuerzas policiacas. Por tanto, no es razonable pensar en que haya seguridad sin que los estados y los municipios cuenten con los recursos financieros necesarios para cumplir sus funciones en la materia.

Economista