Ultimátum y radicalización de la protesta

La radicalización de la protesta de la CNTE y el ultimátum lanzado por Osorio Chong son una muestra del fracaso de la mesa de negociación que el gobierno federal abrió hace apenas dos semanas, a raíz de los dramáticos sucesos de Nochixtlán. La combinación de la intensificación de las marchas y bloqueos de la Coordinadora, que se han extendido más allá de Oaxaca y Chiapas, para abarcar a Nuevo León y Guerrero y el endurecimiento de la posición del gobierno federal están estrechando los márgenes de maniobra para encontrar una salida pacífica al conflicto.

¿Por qué llegamos a este punto de polarización e inflexibilidad? Distintas voces, que van desde la CNDH hasta organizaciones sociales y ciudadanos, claman por la negociación, pero hay varios problemas que la dificultan.

Es un lugar común afirmar que la negociación es el mecanismo político por excelencia para resolver los conflictos sociales, para aislar a las posiciones extremas, para tender puentes de entendimiento. Pero, para que ésta prospere es necesario que exista voluntad política de cada una de las partes y que se diseñen fórmulas que hagan posible arribar a acuerdos viables y eficaces.

Si consideramos, en primer lugar, que la protesta del magisterio que se opone a la reforma educativa tiene una expresión local, ese ámbito de la vida pública debería ser el primer escalón para la negociación, dejando como reserva la alternativa de recurrir a la esfera federal. Sin embargo, desde hace tiempo la dimensión estatal de la negociación está agotada porque los gobernadores, y no sólo Gabino Cué que está de salida, carecen de la fuerza y legitimidad para erigirse en interlocutores eficaces. Es cierto que la CNTE ha escalado los medios y los territorios del enfrentamiento, pero hay actores federales que buscan ocupar sitios estelares en el conflicto, en función de sus propias ambiciones políticas, lo cual lejos de fortalecer su capacidad de diálogo, la hace más vulnerable.

Ha crecido tanto la inconformidad social con los gobiernos que, a pesar de que la CNTE ha violado los marcos de la legalidad para desafiar abiertamente al Estado mexicano, el gobierno carece de un firme respaldo social para hacerle frente a este grupo de poder fáctico. La Coordinadora se crece ante la amenaza de que se terminó el tiempo del diálogo y cada vez se muestra más provocadora, en buena medida porque tiene capacidad de convocar a grupos descontentos. Entre tanto, el gobierno federal aparece acorralado y solitario, con escasos recursos políticos para convencer no sólo a su interlocutor directo, sino a la opinión pública en general. En este contexto, ¿dónde están los partidos políticos?

Con excepción de Morena, que abiertamente apoya al magisterio en rebeldía, los principales partidos políticos se han mantenido al margen, sin hacer pronunciamientos contundentes sobre el conflicto y sin ofrecer su mediación para encontrar salidas. Claro que su bajo nivel de credibilidad no ayuda para desplegar una oferta seria de interlocución. Se les ve ensimismados, volcados sobre sus dinámicas internas, incapaces de incidir en los problemas externos. Se olvidan que son actores institucionales y que tienen responsabilidad en la preservación de la paz social. Por ello, es bienvenida la decisión de un grupo de senadores de trasladarse a Nochixtlán para indagar por sí mismos cómo sucedió el enfrentamiento de hace 15 días, ya que sigue sin aclararse quiénes fueron los responsables.

Recurrir a la fuerza pública para desalojar a los maestros y restablecer el tránsito de personas y productos a que tienen derecho los oaxaqueños y chiapanecos no es suficiente para distender el ambiente de confrontación, ni para resolver el conflicto. Habrá que seguir apostando a la negociación para encontrar una salida de largo alcance.

Académica de la UNAM.
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