Estado de Derecho maltrecho

Los veracruzanos estamos indignados, irritados y confusos. No falta razón. El proceso contra Javier Duarte de Ochoa dista mucho de los anuncios espectaculares y expectativas que el propio gobernador de Veracruz generó, lo cual ha provocado una enorme desilusión.

Existe una idea generalizada sobre la desbordante corrupción atribuida al gobierno de Javier Duarte, ya que se ha dicho hasta el cansancio que desvió recursos por más de 35 mil millones de pesos y afirmó que la Auditoria Superior de la Federación detectó irregularidades y faltantes que generaron más de 200 denuncias ante la Procuraduría General de la República.

Puede ser que mucho de lo que se ha comentado hasta ahora sea cierto, sin embargo, la extradición autorizada por el gobierno de Guatemala sólo se solicitó por determinadas conductas, las cifras tan variadas que hoy menciona el gobierno veracruzano, a todos nos confunden y vician el procedimiento.

El fiscal de Veracruz abrió su carpeta de investigación por el delito de peculado por transferir partidas de una dependencia a otra y por disponer recursos de la Secretaría de Educación, además de la utilización de un helicóptero el día que Duarte presentó su licencia a la Legislatura local; todo ello suma, a decir del propio gobernador, más de 860 millones de pesos, cifra que no coincide con los más de 34 mil millones de pesos malversados según el gobierno estatal. Incluso el secretario de Salud federal se sumó a las catilinarias en contra del ex gobernador veracruzano y expresó que alrededor de 600 millones de pesos fueron desviados.

¿Por qué razón la autoridad veracruzana limitó su petición de extradición a una cifra tan pequeña en comparación con la que se ha anunciado públicamente? ¿Es acaso por favorecer a Duarte o simplemente no tienen idea de lo que están haciendo?

El problema es muy delicado, pues se trata de recursos públicos, lo seguro es que tanto el coraje como la indignación popular suban de tono. Otra interrogante que se abre se refiere a la omisión en la solicitud de extradición respecto de los delitos posiblemente cometidos por suministrar quimioterapias falsas que provocaron la muerte (sic) de varios niños. ¿Por qué razón no se actuó contra Duarte? ¿Qué sucedió con estas carpetas de investigación? ¿Es que acaso es falsa esta acusación?

Hace unos días el secretario de Seguridad Pública estatal Téllez Marie, dijo que Duarte estaba vinculado y recibía recursos de narcotraficantes durante su gestión. De ser cierto lo anterior, ¿por qué no se denunciaron esas conductas oportunamente como lo exige la ley para cumplir con el procedimiento respectivo e incluir este vínculo con el narcotráfico en la solicitud de extradición?

La Constitución obliga a los gobiernos estatales a cumplir las leyes federales, por tanto el gobierno veracruzano debe actuar contra el narcotráfico no como testigo sino como responsable. Las competencias son líneas invisibles no socavones jurídicos, ya que el país es uno solo.

El tratado de extradición celebrado con Guatemala permite la extradición consentida cuando el extraditado lo autoriza. Esta extradición fue muy conveniente y favorecedora para Javier Duarte.

El gobierno mexicano está impedido de juzgar a Javier Duarte por conductas distintas a las que se establecieron en la solicitud de extradición. Por la regla de especialidad prevista en el artículo 15 del Tratado de Extradición, las fiscalías federal y local hoy se encuentra limitadas. No podrían imputar otros delitos a Javier Duarte, en consecuencia, pese a todo lo publicado y dicho, el ex gobernador (impunidad) ganaría una limpieza jurídica de sus conductas al impedírsele al gobierno actuar en su contra por otros delitos no incluidos en la extradición.

La vinculación a proceso lograda por la PGR no termina de solucionar el brete derivado de las declaraciones de la fiscalía y el Ejecutivo veracruzano, el resultado último aún no lo conocemos, pero ya sabemos que al final de cuentas, los que perderíamos somos los contribuyentes y el Estado de Derecho maltrecho.

Notario público y ex procurador general de la República