El regreso de la criminalización de los migrantes

Migración indocumentada, deportaciones, redadas. Estas palabras tomaron un nuevo significado la semana pasada debido a la instrumentación por parte de la Oficina de Detención y Deportación (ICE) de la Orden Ejecutiva Mejorar la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos, emitida el 25 de enero por el presidente Donald Trump. Las prioridades de deportación, enfocadas a quienes pudieran constituir una amenaza a la seguridad nacional —antes claramente delimitadas a faltas como uso de falsa documentación o delitos mayores como vínculos con el terrorismo o con pandillas—, han sido drásticamente ampliadas.

Las nuevas redadas durante las que aprehendieron a más de 680 personas la semana pasada en Los Ángeles, Chicago, Atlanta, San Antonio y Nueva York —ciudades en estados que suman una población de 5.6 millones de migrantes indocumentados— demuestran el incremento en la discrecionalidad con la que ahora cuentan los agentes migratorios. Los dos ejemplos más claros son los casos de María Guadalupe García, quien fue a renovar un permiso de permanencia de remoción y fue deportada, y el de Daniel Ramírez Medina, un soñador de 23 años quien fue detenido, sin historial criminal alguno y beneficiario del programa de Acción Diferida (DACA). Ahora, el gobierno estadounidense fomenta el miedo en los migrantes y la discriminación contra ellos, viven en constante incertidumbre.

Un “criminal extranjero” puede ser tanto una persona que excedió el límite de velocidad al manejar, como alguien que ha sido condenado por un homicidio. Al equiparar estos delitos, la administración fomenta la idea perversa de que los inmigrantes son criminales, tal como lo hizo Trump al anunciar su campaña, pese a que numerosos estudios demuestran que los inmigrantes son menos propensos a cometer un crimen que un ciudadano nacido en EU. El American Immigration Council afirma que altas tasas de inmigración se asocian con menos crímenes violentos y de propiedad. Entre 1990 y 2013, mientras la población estadounidense de origen extranjero creció de 7.9 a 13.1% y el número de inmigrantes indocumentados se triplicó, la tasa de crimen violento cayó en 48% y la de crímenes de propiedad, 41%.

Las redadas propagan el miedo entre la población indocumentada. Aún así, estas medidas no son novedosas ni desconocidas: no debemos olvidar que la administración Obama ha sido la que más deportaciones ha hecho en la historia: 3.5 millones de estos eventos en un periodo de ocho años. Por eso, México debe seguir tomando acciones a favor de nuestra comunidad en el exterior.

Primero, continuar con campañas de prevención e información tanto a través de la red consular como en México para informar a nuestros connacionales y a sus familias. Segundo, en el ámbito de la documentación está pendiente una reforma para emitir en los consulados en EU actas de nacimiento de hijos sin el padre presente. Además, es preciso instrumentar la reforma al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que permitirá hacer frente a la situación de la “doble invisibilidad” y brindar mayor certidumbre a los mexicanos mediante la expedición de actas de nacimiento extemporáneas.

Tercero, en el ámbito de la educación es necesario fomentar la enseñanza de los idiomas inglés y español, el último para los mexicanos que sólo hablan lengua indígena, y profundizar los programas de educación financiera que ofrecen en los consulados. Cuarto, es necesario continuar con la campaña de doble nacionalidad en EU para que los mexicanos puedan ejercer plenamente sus derechos, incluyendo sus derechos políticos, como el de votar y ser votados, y así llegar a espacios en los que, dentro de ella, puedan incidir verdaderamente en las decisiones de las comunidades en las que viven, nacen sus hijos y pagan impuestos, recibiendo a cambio, el miedo constante a una injusta deportación.

Senadora por el PAN