Las discusiones sobre el cambio democrático se han centrado demasiado en los sistemas electorales y de partidos y poco en la calidad del Estado que ha surgido de las transiciones a la democracia. De acuerdo con los índices elaborados por Polity Project, al menos 167 países en el mundo califican como democráticos por celebrar elecciones periódicas en situaciones predominantemente estables. Sin embargo, cuando se analizan otros factores, estas calificaciones son disparejas tomando el mismo conjunto de países, y aún más si consideramos a los latinoamericanos. Al parecer, esto quiere decir que si bien se han transformado las reglas autoritarias de acceso al poder no han cambiado al mismo ritmo las formas y reglas con que se le ejerce desde los órganos de gobierno de los países soberanos.

Tomemos por ejemplo la calidad del gobierno, medida como la capacidad de dar servicios adecuados y expeditos a la población a la cual sirve. Este indicador del Banco Mundial (www.govindicators.org) para 215 países mide la calidad de los servicios públicos, la calidad de la administración pública y el grado de su independencia de las presiones políticas. Mide también la calidad de la formulación y aplicación de políticas y la credibilidad del compromiso del gobierno con esas políticas. Comparando los datos desde 1996 hasta el 2013, el mundo arroja resultados persistentes de baja calidad aunque con mayor varianza. América Latina supera al resto con una alta concentración de gobiernos de mala calidad desde el punto de vista de las variables consideradas. Con la excepción de Chile y Uruguay, que se salen de la media por tener mejor desempeño, la enorme mayoría de países latinoamericanos están rezagados respecto del resto del mundo. Igualmente ocurre con el indicador de calidad regulatoria, que capta la percepción de la capacidad del gobierno para formular y aplicar políticas y reglamentaciones acertadas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado.

Otro indicador es el Estado de derecho, que capta la percepción del grado en que se cumplen las reglas de la sociedad y en particular la calidad de la ejecución de contratos, derechos de propiedad, la policía y los tribunales, así como la probabilidad de que exista delincuencia y violencia. De nuevo América Latina sale mal parada y aún peor que en los dos indicadores anteriores, pues la mayoría de las calificaciones son inferiores a la media. No obstante, sobresalen en el sentido opuesto cuatro países: Chile y Uruguay de nuevo, más Costa Rica y Argentina. En este caso se introduce una polaridad interesante que permitirá comparar el tema del imperio de la ley donde se cumple y donde no en la región.

Al agregar otro ingrediente: la rendición de cuentas bajo el indicador de “control de la corrupción”, que capta la percepción de la medida en que el poder público se ejerce en beneficio privado, así como la “captura” del Estado por minorías selectas e intereses privados vuelve a pasar lo mismo. La mayor concentración de países latinoamericanos se ubica muy por debajo de la media con las excepciones de Chile, Uruguay y Costa Rica, a los que recientemente se suma Brasil. Como en los indicadores anteriores, el “resto del mundo” vuelve a estar mejor que casi todo el subcontinente.

Es evidente que hay un sesgo hacia la mejoría del “resto del mundo” porque ahí se agrupa a los países democráticos y avanzados desde el punto de vista de estos criterios. Sin embargo, la comparación mundial es pertinente para ubicarnos.

No en todos los casos las transiciones a la democracia han redundado en una mejora del Estado, desde el punto de vista de la producción de la canasta básica de bienes públicos indispensables para el bienestar colectivo: eficiencia y eficacia, regulación, imperio de la ley y rendición de cuentas.

Director de Flacso en México.

@pacovaldesu

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