Retroceso de la libertad de prensa

Hace dos semanas Freedom House (FH), una de las organizaciones que supervisan los grados de libertad en el mundo, reportó una caída de México en el indicador de “libertad de prensa” El informe publicado (http://bit.ly/1Qt2kst) es muy preocupante para el presente y futuro del ejercicio profesional y libre del periodismo. Sólo de arranque se señala que “La promulgación en julio pasado, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusioìn abrió un nuevo flanco de amenaza para la libertad de expresión. Durante el año, se registraron numerosos ataques contra periodistas y medios; los reporteros sufrieron actos de agresión por parte de la policiìa mientras cubriìan distintas manifestaciones y la autocensura continuó propagándose”.

La forma en que FH evalúa a los países incluye la consideración de tres ambientes: legal, político y económico. En cada uno de ellos se valora, respectivamente, el grado en que las leyes, los factores de presión política y la estructura económica restringen la libertad de prensa. La suma de estas valoraciones es de 61 puntos (en escala de 100, donde a mayor número menor libertad). Es llamativo que en poco más de una década pasamos de 40 a 61. En 2011 pasamos de la categoría de “parcialmente libre” a la peor categoría. Los principales factores de cada ambiente que FH considera en el caso mexicano son así. En el entorno legal, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión permite la suspensión de transmisiones de contenidos, el rastreo y registro de comunicaciones vía celulares, sin mediación judicial. Se supone que estas medidas tienen dedicatoria para los delincuentes, pero la vaguedad de la ley amenaza a los periodistas. Por otra parte, aunque la “difamación” se despenalizó a nivel federal, subsiste en los códigos civiles de varios estados de la república en los que es usada para amedrentar o silenciar a periodistas. En el entorno político se registra presión contra medios o periodistas por parte de las propias empresas para las que trabajan cuando éstas defienden agendas políticas o intereses de funcionarios de gobierno. Sin embargo, lo peor viene de la violencia del crimen organizado. Los periodistas que cubren asuntos policiales o denuncian la colusión de funcionarios de gobierno con el crimen organizado son los que arriesgan su vida, y con mucha frecuencia la pierden. Entre 2000 y 2014 han sido asesinados 88 periodistas según la CNDH. Como se sabe en el medio, a los periodistas que se topan con arreglos entre autoridades y grupos criminales más les vale callarse y voltear para otro lado que publicar lo que descubren, so pena de amenazas, secuestros y muerte.

El entorno económico es también desfavorable a la libertad de prensa. La alta concentración de los medios audiovisuales se mantiene a pesar de las nuevas disposiciones contra la concentración y los monopolios, así como en la probable distribución de nuevas concesiones a grandes empresas que acentuarán intereses opuestos a la libertad de prensa. La acción de gobiernos locales que conculcan la libertad de expresión de los periodistas se registra como práctica continuada. Por último, se revela que las empresas periodísticas tienden a manipular la cobertura de información con objeto de captar recursos de los fondos para publicidad gubernamental, subordinando el valor de la libertad a la obtención de contratos.

Así, las presiones legales, políticas y económicas sobre el contenido de los medios de prensa no sólo no han disminuido desde 2000, sino que han aumentado, llevándonos a la categoría de país “no libre” en términos de prensa. Precisamente cuando el país ha evolucionado en sus formas de gobernarse, hemos caído en una situación en la que cada día es más cuesta arriba practicar seriamente la profesión de periodista. Criminales, políticos y empresarios, sumados a la debilidad histórica de la prensa, son las causas principales del retroceso.

Director de Flacso en México.
@pacovaldesu