El pasado 3 de marzo fue encontrado el cuerpo sin vida de una joven de 22 años en la UNAM. Un homicidio más que pone en evidencia el aumento de la violencia en la Ciudad de México, en un contexto donde la autoridad local hace esfuerzos enormes por negarla.

Probablemente por eso la procuraduría capitalina optó por tratar de minimizar el caso a través de sus redes sociales, y tomó el papel de juez de la calidad moral de la joven víctima, omitiendo todo proceso pericial y de investigación, violando los derechos de la víctima e insinuando que el estilo de vida de la joven era el motivo de su muerte y no el hecho de que en una ciudad violenta como es la Ciudad de México alguien puede atreverse a cometer un asesinato sabedor de los altos índices de impunidad.

Gracias a un movimiento social en redes que impulsó el hashtag “#SiMeMatan”, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) dio una tibia disculpa y puso a la directora de comunicación social en condiciones de renunciar al cargo. Ninguna otra repercusión ni consecuencia ante la evidencia de lo que todos sabemos, en México si eres víctima del delito serás tratado como culpable y tus derechos no valen.

Quienes hemos sido víctimas del delito y hemos optado por ir a denunciar, lo sabemos porque probablemente compartimos algunas experiencias: Revictimización, burlas, maltratos, intentos por disuadir nuestra denuncia y una inversión de tiempo en la cuál desconocemos los resultados.

Desafortunadamente, el problema no está encapsulado en prácticas erróneas de la PGJCDMX, es común en casi todas las procuradurías y fiscalías del país. Denunciar un delito es una experiencia frustrante que rara vez nos permite acceder a la justicia, que termina debilitando nuestra confianza en las instituciones y aumentando la sensación de inseguridad.

Año tras año lo pone en evidencia el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al presentar los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). En México se denuncian apenas 1 de cada 10 delitos, y de ese delito denunciado, entre el 30 y el 40% de las ocasiones la autoridad no inicia una investigación.

Es decir, en el mejor de los casos se investigan 7 de cada 100 delitos. La ENVIPE lo específica, si las personas no denuncian es en gran parte debido al maltrato que recibimos, la poca confianza que tenemos en que denunciar traiga resultados y el miedo a que denunciar nos exponga a un peligro mayor debido a las redes de corrupción entre delincuentes y autoridades.

No es normal que una víctima sea maltratada; no es normal que una víctima no encuentre acceso a la justicia tras ser víctima de un delito y, si bien es cierto que toda la sociedad debe asumir su corresponsabilidad para mejorar las condiciones de seguridad del colectivo, también es cierto que las víctimas no son responsables de la incapacidad del Estado, ni de la falta de ética, capacitación u omisiones de aquellos funcionarios que decidieron servir a la sociedad.

La renuncia de un elemento tampoco es la solución cuando la política de revictimización nace de la cabeza institucional. En el caso de la PGJCDMX, quien debe rendir cuentas es el mismo procurador, Rodolfo Ríos Garza, quien evidentemente ha permitido que su institución se dedique a maltratar una y otra vez a las víctimas.

Agradezco al movimiento que puso en evidencia un caso que pudo haber quedado en el olvido. Debemos recordar a la gran cantidad de víctimas del país, exigir a la autoridad que cumpla con su deber y rechazar toda distorsión de su principal objetivo: servir a la sociedad.

Insisto, no es normal que una autoridad maltrate a una víctima, tampoco lo es que mes con mes veamos crecer la violencia y menos aún que nadie se haga responsable.

Francisco Rivas

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano

@frarivasCoL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses