¿Principio del fin de la corrupción?

La corrupción no es sólo un problema de moral. Es un obstáculo a la prosperidad del país entero donde se presenta. En México su costo se calcula en hasta 10% del PIB, de acuerdo con el estudio Anatomía de la Corrupción, del CIDE y del Imco. Combatir ese flagelo beneficia a todos.

Lamentablemente casos como el del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, o el de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo son excepcionales. Pocas veces llega a prisión por el mal uso de recursos públicos la cabeza de alguna institución, lo cual resulta increíble considerando que cada año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reporta millones de pesos que, simplemente, nunca aparecen.

De origen el sistema jurídico ha permitido la impunidad. La ley permitió pretextos tan absurdos de parte de los gobernadores despilfarradores como decir, por ejemplo, que desconocen la manera como deben ser usados recursos que reciben desde la Federación. Incluso si hay elementos para denunciar penalmente a un servidor público por desvío, el camino hacia una sentencia judicial es muy largo.

En la construcción de la Estela de Luz se pagó un sobreprecio de 248.9 millones de pesos por la compra de acero. Tres años después a ocho servidores públicos de rango menor se les acusó de “uso indebido de atribuciones y facultades”. El juez dictó auto de formal prisión en 2013, pero todos enfrentaron (o enfrentan) sus juicios en libertad, pues el delito no es grave.

La enfermedad está más extendida de lo que se alcanza a reportar en los medios. No sólo se trata de gobiernos. Universidades públicas, empresas privadas, usuarios de servicios... por todas partes se sangra al erario.

Las solución, al menos a nivel legal, está sobre la mesa. Hoy se promulgó la reforma constitucional anticorrupción que, entre muchas otras medidas, permitirá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar y sustanciar las faltas graves no sólo de funcionarios federales, sino también de gobiernos locales.

No hay que lanzar campanas al vuelo. La ley suele ser lenta en cambiar hábitos. Desde la revisión de la Cuenta Pública 2006 hasta la 2013, sólo se ha logrado recuperar para las arcas gubernamentales 20% de todos los recursos en donde el órgano fiscalizador detectó irregularidades. A esto hay que añadir lo revelado por este diario hace unos meses: Únicamente 9 funcionarios han sido sancionados en los últimos 10 años por negarse a dar información pública.

Las herramientas recién creadas para combatir la corrupción son poderosas, así lo han reconocido también los especialistas. Sin embargo, apenas es el inicio del camino. La instrumentación es donde se verá hasta dónde llega la voluntad.