Hora de ordenar ambulantes

Para los expertos no hay duda: el aumento del comercio informal en México es directamente proporcional a la situación económica del país. Los ambulantes no son, entonces, más que una consecuencia del desarrollo económico de las últimas décadas, que ha quedado por debajo de lo necesario para eliminar o reducir la pobreza.

La semana pasada estudiosos del tema consultados por este diario estimaron en 2 millones la cifra de vendedores informales en la Ciudad de México, de ellos únicamente 5% (poco más de 100 mil) están registrados por las autoridades. Muchos pagan cuotas, pero muy pocos lo hacen a la delegación, la mayoría entregan cantidades semanales o mensuales a los dirigentes de las organizaciones de ambulantes que existen en la capital del país.

Como medida de subsistencia, familias completas recurren a la informalidad. Este miércoles EL UNIVERSAL presenta la historia de una familia en la que tres generaciones se dedican a la venta de comida en la vía pública. Su labor empieza con las primeras horas del día para tener listos los alimentos al amanecer. Su deseo es no ser considerados informales, sino formar parte de un padrón legalizado para tener certidumbre de que podrán seguir desempeñando su actividad sin temor a que cualquier día decidan retirarlos del sitio donde expenden sus productos. Únicamente exigen el derecho al trabajo.

En defensa del comercio que realizan refieren que son necesarios para la clase trabajadora, pues con ellos pueden desayunar por 20 o 30 pesos.

El comercio ambulante no tiene por qué ser descalificado, pero se requiere del control de la autoridad para que las calles no se vean saturadas, para delimitar zonas específicas para la venta y para terminar con líderes que sólo engrosan sus bolsillos a costa de las necesidades de los informales sin que las “cuotas” representen un beneficio para los ambulantes.

En la CDMX el gobierno central se deslinda del problema y asegura que a las delegaciones corresponde el ordenamiento de los vendedores. Los delegados consideran que se requiere una acción conjunta. Solas o acompañadas, las delegaciones deben comenzar a imponer orden. La asignación de responsabilidades no tiene por qué retrasar la atención del problema.

En la búsqueda de soluciones no se trata de perjudicar a nadie: ni al ambulante, ni a vecinos, ni a la autoridad. El comercio puede seguir siendo un complemento a la economía, pero en un marco de legalidad. Se requieren esquemas que conviertan a esos millones de personas, en la capital del país y en localidades de los estados, en trabajadores con obligaciones y derechos, por el bien de las ciudades, de ellos mismos y de sus familias.