La deuda con el Ejército

En diciembre de 2006, el Ejército fue desplegado en Michoacán con el fin de contener la violencia que azotaba en esa entidad, originada por el crimen organizado; ese fue el principio, luego siguieron otras regiones del país.

A una década de distancia, la situación ha cambiado poco desafortunadamente. Son escasas las entidades que no han requerido la presencia del Ejército para desarrollar tareas de seguridad pública. La violencia persiste en varias zonas; en muchas de ellas la inseguridad se contiene por un periodo para resurgir después.

Grupos civiles, legisladores y el propio Ejército han destacado la necesidad de contar con una ley que regule la labor castrense contra el crimen.

En un texto que publica hoy EL UNIVERSAL, el secretario de la Defensa advierte que participar en acciones sin un marco jurídico apropiado que delimite las responsabilidades y los alcances de las Fuerzas Armadas en apoyo a las autoridades civiles en los tres ordenes de gobierno, origina una interpretación inadecuada de las tareas que cada autoridad debe realizar.

En ese contexto, el Ejército ha tenido que desarrollar un manual sobre el uso de la fuerza con el fin de orientar a sus elementos en situaciones que ponen en riesgo su integridad física o la de terceros; aunque, como lo aclara el titular de la Defensa, se trata de reglas meramente administrativas.

Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro alertan sobre el riesgo que representa aprobar una ley de seguridad interior que permita declarar estados de excepción para que intervengan Fuerzas Armadas; para ellos es más importante discutir el modelo de seguridad que requiere el país.

El despliegue del Ejército en las calles del país para encomiendas muy distintas a las acostumbradas (auxilio y asistencia social en situaciones de emergencia por desastres naturales), no ha estado exento de yerros. A fin de cuentas, es un trabajo que no le tocaba desempeñar, pero por deficiencias y corrupción en las corporaciones policiacas estatales ha tenido que realizar.

Hay uniformidad de opiniones en el sentido de que los soldados regresen a los cuarteles, aunque de forma paulatina ante el atraso de gobiernos estatales para contar con corporaciones de seguridad eficientes.

Mientras esto ocurra, regular la presencia castrense en tareas de seguridad es apremiante; hace falta una ley que le otorgue certeza jurídica a sus operativos fuera de los cuarteles.

De continuar con labores que deben estar a cargo de instituciones conformadas por civiles, se pondrá en riesgo el prestigio del Ejército; actualmente tiene altos niveles de simpatía entre la población, pero el porcentaje es menor al de hace 10 años.

La deuda con las Fuerzas Armadas y la sociedad es inocultable y le corresponde saldarla únicamente al Poder Legislativo.