¿Educación por decreto?

En octubre de 2011 el Congreso mexicano reformó la Constitución del país para que el Estado estuviera obligado a dar bachillerato a toda su población. Está ahí el mandato en nuestra Carta Magna, ¿y luego?

Más de cuatro años después de la obligatoriedad constitucional el bachillerato universal está lejos de alcanzarse. No es por decreto que la educación mejorará. Pero tampoco es con más salones o pizarras como se desarrollarán profesionistas, emprendedores, inventores o creadores. Se requiere de un proyecto de gobierno de largo plazo que hasta este momento apenas empieza a esbozarse como parte de la reforma educativa. Un plan que requiere de la cooperación de otras instancias oficiales y de la sociedad.

Lamentablemente esa alianza se vislumbra difícil a la luz de lo enconado de la pugna entre Morena y otras de las fuerzas políticas en la capital del país, a raíz del intento del partido de Andrés Manuel López Obrador de crear universidades en demarcaciones gobernadas por su organización política.

La Secretaría de Educación Pública no ha otorgado permisos a Morena para operar dichas escuelas, a pesar de que el partido dice contar con instalaciones y profesores. A su vez, autoridades capitalinas han exigido otros permisos a los recintos antes de permitirles abrir. Tiene mérito Morena al haber destinado recursos propios para un fin público; una de las mayores críticas de la gente a los partidos es que usan el dinero del erario para sus bolsillos, no para beneficio ciudadano.

El problema es que incluso si todos los requisitos legales para la apertura de los colegios son cubiertos, todavía hay un dilema de fondo: ¿puede ser científicamente sólida, imparcial, sin fines electorales o de manipulación, la educación impartida por un partido político?

Para los políticos en general es apetitosa la bandera de “no más rechazados”. Conseguirlo es más difícil de lo que parece. El problema no es sólo el cupo, es la débil formación con la cual los alumnos egresan de la educación básica. La principal crítica a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) radica en ese argumento: se imparten clases, pero no egresan alumnos con la capacidad de insertarse en su campo de supuesta especialidad, dicen los detractores.

Ayer el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, llamó a otros gobiernos y fuerzas políticas —incluida Morena— a erradicar, juntos, la falta de espacios educativos a nivel bachillerato. ¿Pudiera haber una negociación en la que se permitan las escuelas de López Obrador a cambio del apoyo de éste a un plan macro?

En cualquier escenario, deben ser expertos, no los políticos, quienes determinen la viabilidad de estas iniciativas.