Los caminos de Guerrero

¿Por qué ciudades como Tijuana, Juárez y Monterrey revirtieron las tasas de criminalidad que parecían salidas de control hace algunos años? ¿Por qué el problema persiste en Acapulco, y en general en Guerrero, a pesar de estrategias y relanzamientos de programas para dar seguridad? La autocrítica estatal y federal se impone, y es necesaria.

La entidad es origen de uno de los mayores hechos violentos ocurridos en los últimos años, que mostró la colusión de autoridades locales con el crimen organizado, que desencadenó una de las mayores movilizaciones sociales de las últimas décadas y que por su impacto nacional e internacional obligó al gobierno federal a lanzar un decálogo para “mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho” —que a un año de anunciado sigue sin ser aprobado por el Congreso de la Unión.

Apenas el miércoles el gobierno federal volvió a insistir en el tema y a prometer, una vez más, la reactivación del puerto de Acapulco, azotado por una ola criminal. La solución, de acuerdo con lo anunciado, pasa por el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, acompañados de la sociedad civil organizada “para restablecer la tranquilidad que demanda la población”.

Y es que, según los datos que presenta hoy EL UNIVERSAL, la violencia está presente en todos los rincones de la entidad. Guerrero es la entidad con más homicidios del país: de enero a octubre se registraron 2 mil 222 asesinatos; 7.4 al día, de acuerdo con reportes del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pero es Acapulco la ciudad que encabeza la lista, pues de los 218 homicidios registrados desde la llegada del nuevo gobernador, Héctor Astudillo, hace 44 días, más de 40% (95) se han registrado en el destino turístico. Por lo visto, el problema no era de colores políticos. A pesar de la llegada del PRI al poder, tras el fin del gobierno perredista, la violencia no cede.

Este año la situación tiene un grave matiz. 12 niños resultaron víctimas colaterales de la ola de violencia: ocho fueron asesinados y cuatro más resultaron heridos. La cifra resulta relevante debido a que nunca antes tantos menores habían sido asesinados en Guerrero. En el periodo de 2008 a 2014 sólo se habían registrado cuatro casos aislados.

¿Cuánto tiempo deberá pasar para que se modifiquen las cifras? La respuesta la tienen las distintas autoridades —además de las organizaciones sociales—, pero el cambio no debe tardar más. La población reclama conocer que si alguno de los engranes de la estrategia antiviolencia no rinde lo que se le ha exigido, se conozca y se proceda al ajuste necesario. En esta tarea no se valen compromisos a medias o sólo de palabra.