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Sedena y CNDH: exigencia común

03/07/2015
02:21
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En el país hay casos que generan revuelo, levantan pasiones y generan definiciones maniqueas sobre buenos y malos. Tlatlaya ha sido uno de ellos. Se cumplió ya un año de los hechos en los cuales 22 personas murieron en el poblado del Estado de México, situación que hasta ahora no ha sido precisada del todo. Siete elementos militares están señalados como presuntos responsables. El tema se encuentra en estos momentos en manos del Poder Judicial, que no ha emitido su fallo, pero sectores de la opinión pública parecen adelantarse y emiten sentencias condenatorias.

EL UNIVERSAL presentó esta semana una entrevista con el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional. En ella, exige que se haga justicia, por lo “costoso” que ha resultado el caso para el Ejército. Y dice algo de una lógica mínima: “Si los soldados se equivocaron, pues serán castigados. Pero si no se equivocaron habrá que reconocer su inocencia”. Y llama a esperar el veredicto del juez.

A ese llamado se unió ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en voz del segundo visitador Enrique Guadarrama López. “Es importante la conclusión del proceso penal”, menciona.

Es de resaltar la postura coincidente de dos actores centrales. La justicia demandada por uno y otro es lo mejor que pueden plantear. El país se encuentra ante un caso que puede ser un parteaguas en su historia judicial. Lo prudente es esperar el resultado que se dicte cuando haya concluido el proceso.

Mientras, los ánimos condenatorios que varias voces emiten a priori, inculpando sólo a una de las partes implicadas, en poco contribuyen para tener el mejor resultado y una visión lisa de lo ocurrido.

La resolución debe ser resultado de un proceso justo sin balances sesgados o manipulación de documentos que buscan únicamente generar confusión.

Afirmar que el Ejército buscó “abatir” a los delincuentes —como establece el Centro de Derechos Humanos Pro y otros organismos en el mismo sentido, al citar un documento militar— es una lectura parcial. En el mismo oficio al que hace referencia se alude a la obligación de los soldados de respetar los derechos humanos y de evitar conductas específicas en el combate a grupos del crimen organizado. No olvidemos que a las Fuerzas Armadas le fueron asignadas desde hace casi una década tareas que no le corresponden: el combate a la delincuencia.

El fondo del caso es, indudablemente, la eventual violación de los derechos humanos de civiles. No adelantemos juicios. Esperemos simplemente el fallo judicial. Nada más ...pero nada menos.

 

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