Polonia y la autonomía judicial

Por vez primera, el parlamento de la Unión Europea, en Bruselas, se encuentra analizando una delicada situación en la que decidirán si le retiran la voz y el voto a uno de sus miembros. Lo dramático del tema se hace tangible por dos razones: primero, porque históricamente sería la primera vez que el parlamento de la UE consideraría aplicar esa sanción a un miembro, la cual es entendida como la ultima ratio; pues conlleva a una expulsión técnica; a una forma de mantener al país sancionado fuera de las deliberaciones parlamentarias que son, al final del día, las que marcan el rumbo de la Unión. La segunda, es por las razones que los parlamentarios tienen para hacer esto. La sospecha, aparentemente fundada, de que uno de sus miembros (la séptima economía de Europa) abandona el modelo de Estado de Derecho que la UE defiende y, con ello, comienza un proceso que, a todas luces, parece estar dirigido a instaurar un sistema político autocrático.

Beata Szydlo, primera ministro de Polonia y representante del partido ultraconservador “Ley y Justicia” (PiS), envío al Parlamento de su país un paquete de reformas al sistema de justicia que, entre otras cosas: 1) otorgan al Parlamento la potestad de nombrar directamente a los jueces del órgano de gobierno judicial, 2) acortan prematuramente los mandatos de los jueces, 3) rebajan la edad de jubilación de los jueces ordinarios, 4) la posibilidad de que el ministro de Justicia pueda prolongar el mandato o retirar a jueces en función de criterios poco definidos y, por último, 5) hacen una distinción entre la edad de jubilación de los hombres (65 años) y las mujeres (60 años).

Los miembros de la UE están convencidos de hacia dónde llevan esta clase de reformas. El segundo de a bordo en la Comisión Europea, Frans Timmermans, hace unos días sostuvo que “estas leyes abolirán cualquier rastro de independencia judicial. El Poder Judicial estará a merced de los líderes políticos”. Los miembros de la UE no saben bien cómo impedir esta clase de situaciones que dependen, exclusivamente, de la política y del sistema jurídico doméstico de cada país. Lo que sí saben es que esta clase de medidas terminarán vulnerando los valores y los principios que rigen a los Estados miembros y que tantos años de esfuerzo les ha costado construir y mantener. Por ello, el Ejecutivo comunitario está cada vez más cerca de apretar por primera vez el llamado “botón nuclear de la UE”: el que activa el proceso que pueda acabar despojando a Polonia de sus derechos comunitarios.

La lectura de estos sucesos en clave mundial es sumamente importante en estos momentos. Pues las reformas presentadas en Polonia parecen ser de la misma magnitud, intención y diseño que aquellas presentadas en muchas otras partes del mundo (léase Latinoamérica, África o Medio Oriente). En ellas, en muchos casos, son utilizados los mismos mecanismos de sometimiento a la judicatura que las ahora reformas polacas. Las razones que tiene la Unión Europea para pensar en una posible expulsión de Polonia pueden llegar a ser legítimas en tanto que la Unión, como representante de un modelo de Estado específico, no puede permitir desviaciones ni rompimientos con los principios más básicos de su programa. Estoy seguro que esto no sucederá y que Polonia seguirá siendo un país ejemplo y estable.

Pero, ¿qué hacer con lo que sucede en el resto del mundo? Actualmente en el mundo hay muchos ejemplos de estos intentos que pretenden someter a los jueces para implementar sistemas políticos autocráticos y contrarios al Estado de Derecho y a la democracia. Por ello, los que estamos a favor del Estado de Derecho y la democracia sabemos que el primer eslabón que debemos proteger es la independencia judicial. Ese eslabón que toda política ultraconservadora pretende eliminar para favorecer la imposición de un sistema que no reconozca los derechos de las personas o los pueda eliminar a su gusto sin tener que darle razones a un juez.

Embajador de México en los Países
Bajos y representante permanente ante la OPAQ