Violencia de género

En España han aumentando el número de denuncias femeninas por casos de violencia doméstica. Sin embargo, esto no necesariamente son malas noticias. Como bien señala el editorial de El País del 26 de junio pasado, el aumento de denuncias no necesariamente implica un aumento de la violencia doméstica, sino un incremento en la confianza institucional que promueve ante las mujeres una actitud más activa. Si este es el caso, sin lugar a dudas el fenómeno tiene un efecto positivo, ya que con ello se reducirán los casos mortales de violencia doméstica como los que suceden en muchos países del mundo. Las mejoras jurídicas e institucionales que se hayan hecho para aumentar las denuncias no sólo permitirán reducir la violencia doméstica sino también la que he llamado en otras ocasiones “violencia procesal”.

Este es un fenómeno que conocemos bien en la Ciudad de México. El 3 de octubre de 2008 se publicó, entrando en vigor al día siguiente, la reforma al Código Civil que estableció la figura del “divorcio incausado”. A partir de esta nueva figura jurídica las demandas de divorcio aumentaron; pero no sólo aumentó el número, lo significativo fue que también aumentó el número de mujeres que las presentaban. En el transcurso de 2008, los meses anteriores a la entrada en vigor de la reforma, se registraron alrededor de 15 mil divorcios necesarios en la Ciudad de México. De los cuales, 10 mil fueron interpuestos por hombres. Pero a partir de octubre de ese mismo año el incremento de demandas presentadas por mujeres creció sensiblemente. Y ya en 2009, el porcentaje de demandas aumentó en un 53% con respecto al año anterior, con un poco más de 31 mil demandas, de las cuales, 50% fueron presentadas por mujeres. Y esa constante se ha mantenido desde entonces, con un sensible incremento de demandas que va desde un 1% a un 3% en los diversos años, pero el aumento significativo es que el número de mujeres como demandantes sube cada año. De hecho se establece que dos de cada tres demandas son presentadas por mujeres.

Esto, en lugar de ser malas noticias, como podrían predicar algunos, son estupendas noticias para la igualdad jurídica, pues quiere decir que hemos combatido con dicha reforma uno de los fenómenos jurídicos más perversos: la “violencia procesal”. Cuando el sistema jurídico está configurado de tal forma que sólo garantiza los derechos del extremo más robusto de la cuerda, esto es, de quien tiene más recursos económicos o un mayor capital social, el Derecho está siendo incongruente con la igualdad que establece nuestra Constitución. Es verdad que en nuestro país, a pesar de todos los esfuerzos en la educación, en modificar nuestra cultura y nuestro sistema jurídico, aún siguen existiendo brotes de machismo. Por ello, tenemos que seguir sumando esfuerzos para modificar un sistema que antaño era mayoritariamente insensible ante esta clase de situaciones que afectan a las mujeres, y que poco a poco se ha ido sensibilizando. Estos cambios, que han sido demandados por muchas personas, afortunadamente comienzan a ver sus logros reflejados en esta clase de números y comienzan a ver cómo se desvanecen las críticas iniciales, en ocasiones justas, que subrayaban las deficiencias de un sistema construido a partir de una perspectiva no igualitaria, pero también en mostrar que pueden haber soluciones viables (que ya son tangibles) para combatir esa situación.

De alguna manera, tanto las medidas que se han tomado en España para promover las denuncias por violencia doméstica, como las medidas promovidas para que las mujeres pudieran separarse de aquellos hombres que las maltratan de diversas maneras (física, moral o psicológicamente) asegurando todos sus derechos y su porvenir, son medidas jurídicas que procuran atacar la “violencia procesal” y asegurar la igualdad contemplada en nuestra Constitución. Sobre todo, porque las desventajas, socialmente producidas y culturalmente arropadas, que la mujer pudiera llegar a tener frente al macho, deben ser combatidas por y desde la ley, no fomentadas, ni perpetuadas por ella. La ley y la jurisprudencia en México, tienen una deuda impagada e impostergable con la mujer. Son muchos los focos jurídicos que fomentan la “violencia procesal” pero, también, han sido muchas las reformas y mejoras jurídicas para subsanarlos.

Embajador de México en los Países Bajos