A fines de junio pasado, Donald Trump anunció en la Casa Blanca que su administración ha aprobado la construcción de un nuevo oleoducto hacia México. En un tono burlón que sólo la ceguera colaboracionista de este gobierno ignora, añadió que el oleoducto pasará por debajo del muro fronterizo.

El petróleo crudo que será transportado por esa vía no podrá tener otro destino que las refinerías de Petróleos Mexicanos, las únicas instalaciones en México capaces de procesar ese recurso natural.

El alto costo del proyecto supone que las autoridades mexicanas lo han autorizado, debido a que, obviamente, implica la firma de un convenio de compraventa a largo plazo. Pero hasta ahora las autoridades mexicanas no han dicho una palabra. De nueva cuenta, los mexicanos tenemos que enterarnos de decisiones que nos involucran por informes de la Casa Blanca y no del gobierno nacional.

No es la primera vez que se habla de importar petróleo crudo de Estados Unidos. Se planteó en el gobierno de Felipe Calderón y la actual administración retomó la idea. A mediados de 2014, bajo el mando de Emilio Lozoya, Petróleos Mexicanos Internacional (PMI) presentó una propuesta formalizada el año siguiente. El Departamento de Comercio otorgó una autorización que resultó inservible luego de que en diciembre de 2015 el Congreso estadounidense pusiera fin a 40 años de prohibición y liberalizara las exportaciones de petróleo crudo. Ahora, Pemex puede importar directamente a través de sus filiales o de terceros.

El plan de importar sigue en pie. La Secretaría de Energía ha previsto la importación de petróleo crudo en la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2016-2030. El Ejecutivo plantea importar 50 mil barriles diarios de petróleo West Texas Intermediate (WTI), crudo ligero de 36º API, y de una mezcla conocida como “Mars”, de una densidad de entre 28º y 30º API, para procesar en las refinerías de Tula y Salamanca en el período 2018-2020. La Secretaría de Energía justifica esas compras señalando que “mejoraría la rentabilidad de esas refinerías” (pág. 73).

Pese a los argumentos oficiales, la importación de petróleo crudo no tiene justificación por dos razones.

—En primer lugar, porque México produce petróleo ligero en grandes cantidades. Sólo el año pasado Pemex produjo 785 mil barriles diarios (bd) de crudo ligero y 266 mil bd de crudo superligero, a partir de los cuales nuestro país exportó 153 mil bd de petróleo Istmo y 108 mil bd de petróleo Olmeca. La mayor parte de esas exportaciones se dirigen a Europa porque la producción de crudos ligeros en Estados Unidos se ha incrementado notablemente a partir del boom de los hidrocarburos no convencionales.

—En segundo lugar, la diferencia entre el precio de exportación del petróleo Olmeca y el de importación del WTI más su costo de transporte hasta las refinerías mexicanas no dejan espacio para una operación comercial, a menos que Pemex esté dispuesto a perder dinero en un contrato leonino celebrado con alguna petrolera bajo la sombra del presidente Trump.

Es claro que Estados Unidos necesita exportar su enorme excedente de petróleo ligero y Trump ha iniciado una cruzada diplomática para colocar ese petróleo en el país que se deje. Las exportaciones ya rebasan el millón de barriles diarios. Las refinerías están saturadas de crudos ligeros, condensados y líquidos del gas. Las grandes refinerías en la costa estadounidense del Golfo de México fueron diseñadas para procesar crudos pesados y no crudos ligeros. Y el excedente se está incrementando porque la producción de hidrocarburos no convencionales ha vuelto a crecer, tal como se observa en los últimos meses.

Todo indica que el oleoducto anunciado por Trump se enmarca en una lógica de presiones políticas y diplomáticas: el gobierno estadounidense presiona y el mexicano busca acatar, silenciosamente, para obtener supuestas ventajas que sólo algunos negociadores conocen.

El Congreso mexicano debe llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Energía y al director de Pemex para que informen a la nación de las características del proyecto anunciado en Washington y expliquen al país cuáles son las ventajas de que nuestro país participe en lo que Trump llama la “era dorada” del sector energético.

Coordinadora del PRD en el Senado

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