Prisión preventiva oficiosa

Durante las últimas semanas, diversos actores de la política, la academia y la sociedad civil, han puesto en entredicho la capacidad operativa del nuevo sistema justicia penal acusatorio, para hacer frente de manera correcta a lo que consideran una verdadera crisis nacional en materia de seguridad pública.

A esa percepción han contribuido recientes sucesos que afectan al funcionamiento general de la sociedad, sobre todo a la tranquilidad ciudadana, como el aumento en el número de secuestros, la ordeña de hidrocarburos por los “huachicoleros” y la puesta en libertad provisional de personas que portan armas de alto poder.

En este punto, para muchos emerge la “contrarreforma” como la solución óptima al sistema de justicia penal, que se incorporó con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008. Al respecto, habría que preguntarse —antes que nada— cómo llegamos al actual escenario y qué soluciones deben tomarse para resolverlo.

Inicialmente, por la presión del Departamento de Estado norteamericano, fue que México optó por incorporar ese sistema oral y de corte garantista, todo ello en medio de lo que en su momento también supuso una auténtica crisis de seguridad pública, lo que vino a favorecer —a la postre— a los procesados por delitos graves.

A ello se sumó la diversa reforma constitucional de 10 de junio de 2011 sobre derechos humanos, que significó reforzar más aún ese contexto “híper garantista”, máxime al incorporar el principio “pro persona”, que favorece con la protección más amplia a todas las partes en el proceso penal, incluyendo al propio inculpado.

No obstante, no deberíamos nunca confundir el cambio legislativo que hubo en nuestro sistema penal —que a todas luces fue necesario, legítimo e impostergable— con su deficiente ejecución institucional. La realidad es que no debemos retroceder en el camino andado, sino avanzar de manera distinta y con mayor acierto.

Efectivamente, para que tenga éxito el nuevo sistema penal existe una serie de requisitos esenciales que no fueron cumplidos ni por las entidades federativas ni por la Federación. Sin estos la reforma estará invariablemente destinada al fracaso, con o sin contrarreforma, por lo que previamente a ésta última deberían atenderse.

En primer lugar, el sistema garantista debe proteger de forma privilegiada a los derechos de las víctimas y ofendidos por la comisión de los delitos, así como los intereses de la sociedad en general, además de ofrecerles servicios de defensoría y asesoría jurídica gratuita y de calidad, en todas las etapas, desde la investigación.

Destacadamente, debe mejorar mucho el sistema carcelario, que no rehabilita al sentenciado ni separa de modo adecuado al procesado, para quien debe adoptarse un sistema de detención preventiva y un mecanismo de seguimiento cuando goza de libertad provisional, como el uso de brazalete electrónico en entorno controlado.

Para que auxilie al juzgador, la policía debe ser experta en el proceso, además de cumplir toda determinación, iniciando con la de su comparecencia. En este sentido, es fundamental la capacitación de todos los operadores del sistema, además de disponer de un cuerpo de peritos legistas, que sean profesionales e independientes. Debe fortalecerse la cadena de custodia; además de evitar y castigar la reincidencia con un sistema de información criminal actualizado y de vanguardia.

También debe fomentarse la denuncia, impulsarse la resolución alternativa de controversias e instaurar procedimientos abreviados. Lamentablemente, por la falta de capacidad de la parte acusatoria y por el sistema garantista en sí mismo, el procesado opta por acudir al juez de sentencia antes que buscar cualquier arreglo.

Por último, es esencial desvincular la falsa expectativa que se creó en la sociedad, puesto que la nueva justicia penal no resolverá –por sí sola– nuestros serios problemas en seguridad pública. En concreto, la reciente propuesta para ampliar el catálogo de delitos que son parte de la prisión preventiva oficiosa, tampoco lo hará.

Al no haberse satisfecho las exigencias para su adecuada operación, dicho sistema simboliza ya la “puerta giratoria” –lo que es injusto– pues su éxito siempre ha dependido de su oportuna institucionalización, lo cual no ha sucedido hasta la fecha. Si esto no se corrige, el siguiente problema lo serán seguramente las absoluciones en cascada y, por qué no, el colapso mismo del sistema.

Consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014