Tres aciertos en el Congreso

Concluyó el periodo legislativo con algunos aciertos que vale la pena mencionar y celebrar.

Marihuana. Finalmente, se aprobó la reforma para permitir su uso médico. Ocurrió después de la publicación de decenas de estudios que señalan los efectos sociales devastadores de la criminalización de esta planta y de informes médicos que muestran sus potenciales médicos y terapéuticos, como también los relativamente bajos riesgos que conlleva su consumo. Se trata de un cambio en la dirección correcta, del que podrán beneficiarse miles de pacientes, pero minúsculo e insuficiente frente a la abrumadora evidencia sobre los efectos negativos de la regulación vigente.

La reforma conlleva problemas. El primero es que no saca a los consumidores del derecho penal. La posesión, autocultivo y otras conductas, seguirán siendo perseguidas y los jóvenes que las realizan seguirán saturando el sistema de justicia (o injusticia) penal. Las autoridades de salud, que hasta hoy se han pronunciado mayoritariamente en contra del uso de la marihuana, serán quienes implementen la reforma. Estas autoridades escépticas —o de plano prohibicionistas— otorgarán permisos y definirán la normatividad para producir medicamentos e investigación. Resulta fundamental contar con autoridades que entiendan y suscriban el cambio legislativo para hacerlo funcionar. De otra forma, pocos pacientes tendrán acceso y las grandes farmacéuticas terminarán por acaparar este valioso mercado.

Tortura. Se aprobó la ley que establece una prohibición absoluta a la tortura y una definición común para sancionarla en todo el país. Se trata de un importante logro jurídico y cultural. De acuerdo con el último informe del relator especial contra la tortura de la ONU, en México la tortura es una práctica generalizada entre las fuerzas de seguridad. Además, es bastante aceptada socialmente. En la última encuesta del IIJ, UNAM sobre cultura de la Constitución, casi 50% de las personas estaban de acuerdo (o en parte de acuerdo) con usar la tortura para obtener una confesión.

La tortura no sirve para encontrar culpables sino para forzar confesiones, borrando la diferencia entre culpables e inocentes. Es una forma de castigo ilegal que ha llevado al encarcelamiento injusto y sufrimiento de miles de personas. Además, permite que agentes de seguridad evadan la obligación de llevar a cabo investigaciones serias. Una versión anterior de esta ley contenía excepciones para permitir el uso en juicio de pruebas obtenidas mediante tortura u otras violaciones. La versión aprobada, sin embargo, excluye el uso de estas pruebas. Como cualquier norma, todo dependerá de su implementación y aplicación efectiva, pero sin duda es un paso que debemos celebrar.

Ley de Seguridad Interior. Se detuvo la aprobación de esta ley que propone, entre otras cosas, facultar a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública. La ONU, la CIDH, la CNDH, el Instituto Belisario Domínguez, los directores del IIJ, UNAM y del CIDE, así como un importante número de activistas, ONG’s y académicos advertimos los riesgos de su aprobación. Además de ser inconstitucional, el involucramiento del Ejército y Marina en estas tareas difiere la necesaria reforma policial. Parece una obviedad pero hay que repetir: la seguridad pública debe estar en manos de civiles. La paz no llegará militarizando al país. Ojalá el retraso de la Ley lleve a un análisis profundo sobre la actual estrategia de seguridad y permita considerar otras vías para construir una seguridad sin guerra.

Quedan pendientes preguntas duras, cuyas respuestas definirán el modelo de Estado que tendremos los próximos años, pero debemos reconocer y celebrar los aciertos del Congreso y a la sociedad civil que ha sido clave para impulsarlos.

División de Estudios Jurídicos CIDE.
@ cataperezcorrea