¿Quiénes serán los redactores de la nueva Constitución de la Ciudad de México?

El Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, anunció el día de la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de la Ciudad de México que integraría un grupo de trabajo para elaborar el proyecto de constitución. El 2 de febrero, dio algunos nombres de quienes seguramente integrarán la comisión redactora, que no necesariamente sean también diputados constituyentes, aunque es probable que sean de las personas designadas por el ejecutivo local.

La primera vez que la Ciudad de México albergó a un constituyente del México independiente, fue en a finales 1823 en el Antiguo Templo de San Pedro y San Pablo, hoy convertido en el museo de las constituciones. Eran tiempos de inestabilidad política y ambiciones desmedidas que incubaron el debate entre centralistas y federalistas, que finalmente favoreció a estos últimos. Incluso, se propuso que el Distrito Federal se estableciera en Querétaro. El 18 de noviembre de 1824, la Asamblea Constituyente, emitió el decretó que determinó que la sede de los poderes sería la Ciudad de México, quedando su gobierno política y económico bajo la jurisdicción del gobierno general. Esta es la fecha del nacimiento del Distrito Federal después del malogrado Primer Imperio, que fijo su corete en México.

A 191 años después, en un ambiente de relativa tranquilidad y desarrollo económico, en un Valle de Anáhuac irreconocible para cualquier persona que hubiera nacido en el siglo XIX, se va a convocar a la elección de un constituyente de lo que apenas la semana pasada todavía era el Distrito Federal. Esto representa un signo de la vitalidad del Federalismo. Lo anterior abre un espacio de tiempo para la reflexión divido en tres momentos: la redacción del proyecto, la elección de los diputados y el debate jurídico-político en el seno del congreso constituyente.

Hoy, la lista de constitucionalistas inminentes y personajes vinculados a la historia reciente de la Ciudad con méritos suficientes para ser convocados a integrar la comisión de redacción del proyecto de constitución que el Jefe de Gobierno presentará el 15 de septiembre para su discusión y, en su caso, aprobación se antoja interminable. Conocimientos, interés y pasión por nuestra ciudad sobran. Los invitados deben ser una buena selección de los mejores y que representen una amplia gama ideológica. Si algo caracteriza a la Ciudad de México es su pluralidad y tolerancia propias de las grandes urbes metropolitanas del siglo XXI.

La opinión pública se ha centrado en el deseo que la nueva constitución impacte en forma inmediata en la vida de la ciudad. Este es una vana pretensión. La promulgación de este documento, en el corto plazo, sólo será un reacomodo de fuerzas en el que se espera que se remuevan obstáculos al desarrollo de los individuos y la colectividad. No mejorará la movilidad urbana, ni aumentarán los índices de seguridad. Sólo amplía los espacios para la participación ciudadana y una redistribución de las tareas entre el gobierno central y las nuevas alcaldías.

La discusión sobre lo urgente y la responsabilidad de atenderlo es de las autoridades constituidas actualmente: el Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa, que no pueden detenerse en su labor cotidiana por la conformación del constituyente. El proceso de elaboración, discusión y aprobación de la nueva constitución es un momento para pensar sobre lo importante, sobre el futuro de nuestros hijos y la ciudad que queremos los capitalinos.

De ahí la trascendencia de que se conozca la integración de la comisión redactora del proyecto de Constitución y que los debates de ésta sean abiertos. Los constituyentes de 1824, 1857 y 1917 no tuvieron a su disposición tecnologías de la información y comunicaciones, y la discusión pública era limitada al recinto en que se efectuaba, pero hoy se pueden superar estas barreras. Es conveniente que el ciudadano pudiera seguir la “construcción” del proyecto y, eventualmente, emitir su opinión sobre el mismo. La trascendencia política del documento y la exigencia de transparencia en los gobiernos abiertos actuales son argumentos suficientes para que se pueda seguir en línea los trabajos de la comisión redactora. Esto abonaría a la legitimación de la Nueva Constitución, toda vez que el debate sería más amplio y participativo.

Profesor del INAP

cmatutegonzalez@yahoo.com.mx