Reconocimiento a las Fuerzas Armadas

En el siglo pasado, algunos países latinoamericanos vivieron dictaduras militares a consecuencia de golpes de Estado. En Argentina, Uruguay, Chile, Surinam, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Brasil y Venezuela el poder militar absoluto propició la violación sistemática de derechos humanos. En contraste, en México las Fuerzas Armadas han participado sólo en defensa de nuestra soberanía ante invasores extranjeros. Gracias a su lealtad histórica, hemos vivido bajo su cobijo, protección y apoyo.

Actualmente, el artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política señala que es función de las Fuerzas Armadas preservar la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Algunos sectores de la sociedad cuestionaron su participación en temas de seguridad pública, dado que el artículo 129 señala que en tiempos de paz, las autoridades militares no pueden ejercer más funciones que las relacionadas con la disciplina militar. Sin embargo, desde abril de 2000 y mediante la jurisprudencia 38/2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la interpretación sistemática, armónica y lógica de ese precepto constitucional, autoriza el auxilio de las fuerzas militares a las autoridades civiles, cuando éstas solicitan su apoyo; por lo que el instituto armado puede actuar también en materia de seguridad pública. A juicio del máximo tribunal, no hace falta la declaratoria de un estado de emergencia para legitimar la intervención de las fuerzas castrenses en estos casos, pues sin llegar a ese estado, existen situaciones que ante el peligro de agudizarse, requieren y justifican el uso de la fuerza con que cuente el Estado, incluyendo la militar.

Al día de hoy, la ayuda del Ejército y Armada de México ha sido fundamental para hacer frente al crimen organizado. Su incansable compromiso ha logrado el combate efectivo a delitos de alto impacto, como trata de personas, secuestro, narcotráfico y contrabando de armas; incluso, su intervención fue clave para detener a prófugos de la justicia como Joaquín Guzmán Loera, quien hasta su captura, era uno de los diez criminales más buscados del mundo. En general, el patriotismo con el que los militares arriesgan su vida en defensa de los más altos intereses de los mexicanos, debe ser reconocido por la sociedad.

Recientemente, las autoridades castrenses han logrado que en la agenda política del Congreso de la Unión se discuta si deben seguir actuando en los términos en los que lo han venido haciendo en los últimos 8 años, o si es necesario establecer en la Constitución Mexicana las facultades que hasta el momento les han sido confirmadas por la interpretación jurisdiccional. Esperemos que las iniciativas de ley presentadas sobre este tema, deriven pronto en la normatividad que solicitan. Después de todo, la mejor manera de retribuir al heroico esfuerzo de las Fuerzas Armadas es dotándolas del marco jurídico apropiado, coadyuvando a su capacitación para el desempeño de tareas de seguridad pública y logrando su coordinación con nuestras demás instituciones.

Es necesario valorar la participación del Ejército mexicano en la vida democrática de nuestra nación. Recientemente, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México publicó una obra intitulada Historia de los ejércitos mexicanos, en la que participaron reconocidos escritores, quienes realizaron un merecido homenaje a nuestro Ejército en el marco del Centenario de su surgimiento. Como indican estos textos, el Ejército y la Armada de México son instituciones fundamentales para la defensa de la democracia y la consolidación de los intereses de la nación.

Consejero de la Judicatura Federal