La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciará mañana (tal vez) sobre una solicitud de amparo que podría abrir la puerta al cultivo legal de marihuana para fines de autoconsumo.

Cualquiera que sea el fallo, tendrá efectos jurídicos y prácticos limitados, al menos en el corto plazo. Sin embargo, el simbolismo de la discusión ha atrapado a buena parte del comentariado nacional. En las últimas dos semanas, se han publicado en la prensa nacional no menos de 100 artículos de opinión que abordan el tema de la marihuana.

Ha sido un debate intenso y apasionante, pero ha faltado un ingrediente fundamental: datos. Salvo excepciones, se ha tratado de una conversación sobre principios abstractos, no sobre las realidades de la marihuana en México. No es de extrañar por tanto que sea un diálogo de sordos.

Y eso es menos culpa de los comentaristas que de las instituciones encargadas de generar información sobre drogas ilícitas. Son extraordinarias las lagunas de información en la materia. Van algunos ejemplos:

1. No sabemos, así sea de manera aproximada, el número de usuarios de marihuana en México. La más reciente Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) data de 2011 y se trató de un ejercicio insuficiente. Su muestra fue demasiado pequeña para generar datos de prevalencia a nivel estatal y para producir estimaciones confiables de uso en el último mes (es decir, usuarios actuales).

2. No hay datos actualizados sobre episodios de tratamiento, menciones en servicios de urgencias y otros indicadores del sistema de salud. Existe en la Secretaría de Salud un Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones (Sisvea), pero la información se publica con mucho rezago. Apenas en septiembre de 2015 fue posible consultar el reporte anual de 2013, en versión PDF, sin posibilidad de descargar la serie histórica.

3. No hay información sistemática sobre precios de drogas ilegales en México. Todos los datos disponibles en la materia son anecdóticos. En esas condiciones, resulta imposible estimar con algo de precisión el tamaño del mercado de la marihuana u otras drogas ilícitas (algunos investigadores han utilizado información de precios levantada en la ENA, pero se trata de datos muy malos: autorreportados, sin ajustes por pureza y con altísima varianza).

4. La PGR cuenta con una base de datos, conocida como Esfuerzo Nacional contra el Narcotráfico, que incluye información sobre erradicación, decomisos y detenciones relacionadas con drogas ilícitas. Sin embargo, sólo es público un resumen anual, sin desagregación por mes, estado, municipio o dependencia.

En esas circunstancias, resulta muy difícil tener una discusión racional y ordenada sobre la actual política de drogas y las diversas alternativas regulatorias. Para ninguno de los objetivos relevantes (nivel de consumo, tamaño del mercado negro, etc.) existe una línea base que sirva de parámetro para evaluar la eficacia de las medidas que se aplican o se proponen.

¿Qué se requiere entonces? Yo propondría una agenda mínima de generación y socialización de datos: 1) levantar con frecuencia bienal de una encuesta nacional de adicciones, 2) facilitar el acceso y acelerar la actualización de la información generada por el Sisvea, 3) crear un sistema de información de precio y pureza de drogas ilegales, construido con compras encubiertas o usuario simulado, y 4) abrir para consulta pública la información desglosada del Esfuerzo Nacional contra el Narcotráfico.

Mejorar la calidad y disponibilidad de datos no es causa glamorosa, pero es causa indispensable. Ojalá pudiera ser adoptada por todos los que, desde una u otra trinchera, han decidido entrar a la discusión sobre marihuana.

Analista de seguridad.

@ahope71

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