La semana pasada, pocos repararon en una pésima noticia dada a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El número de víctimas de homicidio doloso en julio llegó a mil 637, un incremento de 25 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado. Se trató del mayor total mensual desde que inició el conteo de víctimas en enero de 2014.

Por primera vez desde 2011, el número de homicidios creció a una tasa anual de dos dígitos. Con ello ha quedado casi borrada toda la mejoría de los últimos dos años. El total reportado por el SESNSP (mil 637) equivale aproximadamente a mil 866 víctimas en el conteo de Inegi, una cifra apenas 1.4 por ciento inferior a la registrada en julio de 2013.

Si se observa el año completo, la situación luce menos dramática: en enero-julio, los homicidios crecieron 2.3 por ciento con respecto al mismo periodo de 2014. Sin embargo, esa tasa es producto de una base de comparación favorable. En los meses que vienen, la situación se va a invertir y la brecha con respecto al año pasado va a crecer. Es probable que 2015 se convierta en el primer año desde 2011 con un incremento en el número de homicidios.

La tendencia, preocupante a nivel nacional, es alarmante en algunos estados. En Guerrero, por ejemplo, la cifra de víctimas en los primeros siete meses del año resultó 25 por ciento superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior. En Zacatecas, la tasa de incremento alcanzó 218 por ciento.

¿Qué explica esta escalada? No lo sé, pero van tres hipótesis:

1. El “efecto milagro” se ha diluido. Los estados que han experimentado la mejoría más significativa en los últimos cuatro años han visto disminuir su participación en la geografía del asesinato. En 2010, se registraron en Chihuahua 25 por ciento de los homicidios del país. Para el año 2014, su participación se redujo a 7 por ciento. Algo similar sucedió en estados como Nuevo León o Coahuila. Las ganancias adicionales en esas entidades pesan cada vez menos en las estadísticas nacionales. Y, sobre todo, no hay nuevos “milagros” que tomen el relevo.

2. La fragmentación de los grupos criminales se ha acelerado. Como repiten a menudo en el gobierno, 92 de 122 “objetivos prioritarios” han sido capturados o abatidos desde diciembre de 2012. Con ello, probablemente se ha acelerado la fragmentación de los cárteles. Según un informe reciente de la PGR, hay nueve bandas surgidas de Los Zetas y doce que tienen su origen en el Cártel del Golfo. La proliferación de esas pandillas podría ser la causa del incremento reciente de la violencia en estados como Tamaulipas o Guerrero.

3. La demanda de la heroína va en aumento. Según autoridades sanitarias estadounidenses, las muertes por sobredosis de esa droga se triplicaron entre 2010 y 2013. Esa epidemia podría estar teniendo efectos en México, particularmente en Guerrero. Existe alguna evidencia tentativa de que el cultivo de amapola va en aumento en el país. La consecuencia podrían ser disputas violentas por el control de ese mercado ilícito.

Cualquiera que sea su causa, el aumento de la violencia podría resultar costoso para la administración Peña Nieto. Hasta ahora, era posible mostrar las crisis regionales como eventos localizados y apuntar a la mejoría en las estadísticas nacionales. Pero ese recurso ya no está disponible.

El gobierno de Calderón fue devastado políticamente por la avalancha de cadáveres, pero por lo menos podía señalar que su objetivo era el desmantelamiento de las bandas criminales y no la reducción de la violencia. Peña Nieto no tiene ese lujo. Su éxito o fracaso en materia de seguridad se definirá por el conteo de homicidios. Y, en este momento, el futuro no luce promisorio.

Analista de seguridad.

@ahope71

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