“Urge reformar ley independiente”

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En medio del debate que desataron las candidaturas independientes a la Presidencia de la República para el proceso electoral de este año, politólogos coinciden en revisar la legislación vigente, donde ven huecos jurídicos que llevaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a dar una resolución “floja” en el caso de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.

A decir de José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la legislación está mal planteada desde entonces, cuando no se dejó claro que cometer el delito electoral de alteración de la credencial para votar debería ser motivo suficiente para negarle la participación a cualquiera que aspirase a ser candidato sin el apoyo de una organización política.

“Está mal planeada la legislación, piden demasiados requisitos, incluso mucho más de lo que se les pide a un partido político, lo cual es un poco absurdo pero, por otro lado, se saltan la aplicación de la reglamentación, al permitir que se inscriban cuando incurrieron en violaciones, en falsedades, falsificaciones y entonces eso bastaría para que no les dieran el registro”, dijo en entrevista.

El lunes pasado, en una sesión nocturna, por cuatro votos contra tres, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) registrar a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, El Bronco, como candidato presidencial independiente, al considerar que se violó su garantía de audiencia y con ello, se afectó el debido proceso.

Debido a que las campañas iniciaron desde el 30 de marzo, en aras de una “reparación integral”, como marcan criterios de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH), los magistrados consideraron que ya no cabe nueva audiencia ni revisión, de ahí que deba registrase al gobernador con licencia de Nuevo León “en un criterio garantista para maximizar el derecho político a ser votado”.

La sentencia del TEPJF fue avalada por los magistrados Felipe Fuentes Barrera —quien elaboró el proyecto—, Indalfer Infante Gonzáles, Mónica Aralí Soto y José Luis Vargas.

El argumento central fue que se violó la garantía de audiencia, pues hubo dos revisiones y una no estaba prevista en los lineamientos aprobados por el INE; además, fue decisión unilateral de funcionarios del INE decidir cuando una firma sí era válida o no.

Rodríguez Calderón se quedó a 16 mil 656 firmas de respaldo de llegar a la meta, pues le fueron restados 387 mil 897 de sus apoyos enviados a través de la aplicación móvil del INE. Se detectó que esas firmas eran “simulaciones de credencial para votar”, fotocopias de micas para votar o uso de documentos no válidos, como tarjetas de presentación o de puntos.

Sin embargo, Rodríguez Calderón logró acreditar ante el INE que hubo errores en su revisión y que 14 mil 426, que habían sido descartados, sí eran válidos. La verificación preliminar revisó el número de apoyos y estaba en los lineamientos. La segunda se realizó luego de que el INE detectó el uso de credenciales simuladas, pero no estaba en lineamientos.

En este punto se violó también la presunción de inocencia —según el TEPJF—, pues funcionarios del INE acusaron a algunos independientes de haber presentado firmas fraudulentas. Con todo y las críticas, magistrados del TEPJF defendieron el fallo el jueves pasado y argumentaron que no hacen política. El Bronco inició el sábado su campaña.

“Vacío jurídico”

Alberto Aziz Nassif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), opinó que “el hecho es que hay una suerte de vacío jurídico-legal ahí, entre los requisitos para ser candidato independiente, tendría que agregarse el de no hacer trampa para conseguir los apoyos, porque ahí quedan todas estas transas y simulaciones que hicieron casi todos, menos Marichuy”.

El caso de María de Jesús Patricio Martínez, la vocera del Consejo Nacional Indígena (CNI), quien también compitió por obtener los apoyos necesarios para ser candidata a la Presidencia, es otro asunto; el INE le avaló como auténticas 94% de las firmas que recabó, aunque no le fueron suficientes.

En contraste, Arturo Sánchez Gutiérrez, ex consejero electoral del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE), indicó que en el caso del gobernador con licencia de Nuevo León, “el INE estaba atendiendo claramente lo que había acordado” en la ley, mientras que el tribunal “se fue por el lado de proteger los derechos del aspirante”.

“En estos lineamientos habrá que verificar qué tipo de derecho de audiencia habrá que aplicar en otros casos [...] El INE tiene que quedar en un lineamiento reformado para no generar dudas”, puntualizó el también académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Los padres de la reforma

El 19 de septiembre de 2013, Ricardo Anaya, hoy candidato a la Presidencia y entonces presidente de la Cámara Baja, abría la sesión ordinaria para discutir y aprobar las reformas constitucionales que permitían las candidaturas independientes.

La minuta proveniente del Senado se avaló con 413 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra. El entonces presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera (PRD), argumentó que con el dictamen pretendían dar certeza a la participación ciudadana en los comicios.

“Ponemos en el centro del debate de la vida pública de México la necesidad de abrir la política a los ciudadanos, estimulando su participación más allá de las elecciones, fortaleciendo la vida democrática ante el sistema partidista”, enunció.

A él se le sumó el panista Marcos Aguilar Vega, actual alcalde de la ciudad de Querétaro: “Acción Nacional votará a favor, ya que con esta reforma se consignará el derecho de los ciudadanos para obtener su registro como candidatos independientes [...] Siempre y cuando cumplan con todos los requisitos, términos y condiciones que se determinen en la legislación secundaria correspondiente”.

Al respecto, José Antonio Crespo advirtió que si se quiere mantener la figura de los independientes, “tendría que cambiarse, por ejemplo, el número de requisitos, por unos más razonables [...] otro sería que no se pueda ser candidato independiente, sino hasta algunos años después de haber abandonado formalmente un partido”.

Aziz Nassif aseguró que “debe establecerse una penalidad, es decir, cancelar la posibilidad de la candidatura, porque pueden conseguir las firmas y llegar a este umbral necesario, pero si lo hacen junto a otro tanto de firmas falsas y simuladas, debe penalizarse”, detalló.

Sánchez Gutiérrez aseveró que “si esas normas hoy no están es porque no se considera que sea necesario, no es un requisito que se deba poner, el derecho a estar en la boleta debe ser el más amplio posible”.

¿Avalaron irregularidades?

Las adecuaciones hechas a la fracción cuarta del artículo 116 de la Constitución, por los diputados de la 62 Legislatura, permitirían que dos años después, Rodríguez Calderón fuera electo como el primer gobernador independiente en la historia del país. Y cinco años después, el TEPJF obligaría al INE a guardarle un lugar en la boleta a presidente, frente al registro de miles de firmas apócrifas.

“Da la impresión de que fue una decisión de tipo político, más que jurídico, con lo cual el tribunal pierde la poca credibilidad que le quedaba, está tan a favor de un partido, del PRI en particular”, opinó José Antonio Crespo.

“El tribunal ya había tenido una serie de resoluciones muy polémicas, donde el INE había tratado de avanzar, pero con la resolución de El Bronco, de plano, se volaron la barda [...] Lo hicieron basados en una presunción de que sí podía tener los apoyos”, dijo Aziz Nassif.

“Lo que tenemos que aprender de esta resolución es que nada está escrito, y que con diferentes interpretaciones, cosas que parecían muy obvias y están acotadas en la legislación, pueden modificarse a la mera hora”, indicó Sánchez Gutiérrez.

Los expertos ven necesario que permanezca la figura de las candidaturas independientes, pero también que estos debates dañan los procesos electorales y a la democracia.

“Esta resolución contamina el ambiente político de las elecciones y genera una sensación de que todo se puede dar, de que no hay límites, si el máximo organismo que va a velar por los derechos de la ciudadanía hace esto, cualquier cosa puede pasar”, señaló Aziz Nassif.