Podrían quitar a “El Bronco” de la boleta electoral, dice dirigente de MC en Nuevo León

Samuel García Sepúlveda, diputado local y candidato a senador por Movimiento Ciudadano, afirmó que Rodríguez Calderón podría ser castigado si no demuestra que sus firmas fueron recabadas en días y horas hábiles
11/05/2018
20:30
David Carrizales / Corresponsal
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Monterrey.- El diputado local y candidato a senador por el partido Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, afirmó que Jaime Rodríguez Calderón podría ser castigado con la cancelación de su candidatura si no demuestran, para el 23 de mayo, que 19 mil 401 firmas que le consiguieron 595 funcionarios y empleados del gobierno de Nuevo León fueron recabadas en días y horas hábiles.

El diputado local basó su afirmación a raíz de una notificación que el Instituto Nacional Electoral le hizo el jueves como parte de un procedimiento especial sancionador, iniciado a raíz de una denuncia por uso indebido de recursos públicos en la recopilación de firmas para “El Bronco”, presentada por el diputado local y otros ciudadanos de Nuevo León el pasado 16 de febrero, la cual fue turnada a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.

García Sepúlveda declaró, en rueda de prensa, que en las manifestaciones de la referida denuncia se planteó que unos 700 funcionarios y empleados del gobierno de Nuevo León recopilaron firmas para Rodríguez Calderón en días y horas hábiles, en algunos casos bajo coacción.

“Ayer nos notifican, ya en la última etapa de este proceso especial sancionador, que fijan la etapa de audiencia y alegatos para el 23 de mayo a las 11 de la mañana, y lo que viene dentro de la resolución es muy relevante, porque prácticamente convalidan que ocurrieron tales delitos señalados en la denuncia”.

“Nos notificaron que, concluidas las diligencias de investigación, se desprenden posibles violaciones a la normatividad electoral y determinaron que 595 servidores públicos recabaron, para Jaime Rodríguez, 19 mil 401 firmas en días y horas hábiles”, dijo el aspirante a senador por Movimiento Ciudadano.

Agregó que dicha práctica violó el principio de imparcialidad que deben observar los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno para no influir en las contiendas electorales a favor de algún partido o candidato, previsto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución.

Comentó García que el INE notificó que abrió un expediente sólo para el delito de uso indebido de recursos públicos y se inició otro procedimiento por el uso de credenciales falsas o distintas a la expedida por el INE, y ambos ya se encuentran en la etapa de alegatos y audiencia.

Samuel García afirmó que, entre los 595 funcionarios y empleados del gobierno de Nuevo León, que según las investigaciones del INE gestionaron firmas para “El Bronco” en horas y días hábiles, están el actual gobernador interino, Manuel González Flores, y Américo Garza Salinas, subsecretario de Desarrollo Integral y actual candidato independiente a la alcaldía de Juárez.

Asimismo, entre los funcionarios se encuentran: Carlos Alberto Guevara Garza, comisario de Seguridad Gubernamental de la Secretaría de Seguridad Pública, que actualmente es candidato independiente por García; Raúl González Rodríguez, que tras renunciar en octubre al Instituto Estatal del Deporte para buscar la senaduría como candidato independiente, aparecía con el puesto de encuadernador e impresor de la Secretaría General de Gobierno.

De igual forma, aparecieron: Javier Náñez Pro, secretario técnico de la Secretaría General de Gobierno, quien actualmente es abogado de “El Bronco” ante el INE, y María Teresa Martínez Galván, suegra del gobernador con licencia y aspirante independiente por la alcaldía de Santa Catarina, quien fungía como coordinadora de la Secretaría General de Gobierno al recabar firmas para su yerno en días y horas hábiles.

El candidato a senador dijo que a estos servidores públicos estatales, dentro de un grupo de 595, el INE les pidió, de manera inmediata, que informasen quién es su superior jerárquico, qué funciones desempeñaban, si al ser gestores de firmas fueron voluntarios o coaccionados, si usaron su teléfono propio o se les proporcionaron, si recibieron algún beneficio, si tienen conocimiento acerca de otros funcionarios en su misma situación y si están sujetos a algún procedimiento disciplinario por la falta cometida.

Asimismo, expresó que, de no poder comprobar que les robaron su celular o que el aparato marcó horas hábiles mientras ellos captaban firmas fuera de su horario laboral, los servidores públicos se harán acreedores a una pena de prisión de hasta nueve años, además de ser multados, destituidos e inhabilitados.

“Además, los que son candidatos, entre ellos Rodríguez Calderón, perderían su derecho a figurar en la boleta del próximo primero de julio”, expresó el aspirante a senador, añadiendo que, lo que decida el INE después de la audiencia del 23 de mayo, será revisable por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, dijo, “no creemos que le den una segunda oportunidad a Jaime Rodríguez, esto es contundente, cuando le dieron la oportunidad del registro era una interpretación de si las firmas podrían ser válidas, aquí se trata de un delito”.

Dijo que si esto prospera, “el INE estará obligado a dar vista a la Fepade y, si ésta vincula a proceso a Jaime Rodríguez, quedará inhabilitado no sólo para ser candidato, sino también para regresar a la gubernatura y tendríamos que llamar a elecciones extraordinarias, depende de qué tan eficientes sean el INE y el Trife”. 

Estimó que en una o dos semanas se estaría decidiendo la suerte de “El Bronco”.

etp

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