Pide TEPJF sancionar a "El Bronco" y funcionarios

Confirman ilegalidad en captación de firmas del candidato; hay 572 servidores involucrados
Gobernador involucrado. Manuel Florentino González, gobernador interino de Nuevo León, está involucrado en las irregularidades, dice tribunal (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
22/06/2018
02:13
Carina García
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La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó la responsabilidad del candidato presidencial independiente, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón El Bronco, y 572 funcionarios de todos los niveles en el gobierno del estado de Nuevo León, en las irregularidades detectadas en el proceso de captación de firmas para obtener la candidatura.

Los funcionarios responsables están encabezados por el actual mandatario interino del estado, Manuel Florentino González, pues tanto él como Rodríguez Calderón no tomaron las medidas adecuadas para evitar el despliegue de servidores públicos en las actividades de apoyo en días hábiles durante la recopilación de firmas, resolvieron ayer los magistrados del tribunal.

Sin embargo, dado que el TEPJF carece de atribuciones para sancionarlos, los magistrados solicitaron al Congreso del estado que determine lo conducente sobre el caso.

El pasado miércoles, la Sala Superior del TEPJF confirmó la existencia de irregularidades en el financiamiento de las actividades desplegadas para recabar firmas en beneficio de El Bronco, y ratificó la sanción de 739 mil pesos al ahora candidato presidencial, aunque los recursos involucrados ascenderían a alrededor de 13.7 millones de pesos.

Ayer, la sala regional determinó que sí se vulneró la Constitución, por lo que se deben establecer las responsabilidades, mismas que recayeron en El Bronco, Florentino González, su sucesor, y los 572 funcionarios que laboran en 25 dependencias de Nuevo León, incluidos titulares de 12 dependencias del estado.

Al resolver el procedimiento especial sancionador iniciado por denuncia de los diputados neoleoneses Samuel García y Mariela Saldívar, los magistrados determinaron que los funcionarios faltaron al principio de imparcialidad del servicio público, pues captaron apoyos en días y horas hábiles, con lo cual pudieron desequilibrar la competencia entre el resto de quienes aspiraban a una candidatura independiente a la Presidencia de la República.

De acuerdo a la denuncia, y así fue confirmado, los involucrados juntaron 19 mil 114 firmas haciendo uso de gasolina, celulares, teléfonos y recursos monetarios del gobierno e incluso reunieron más apoyos en horas de trabajo que en sus días libres.

En estos casos se resolvió notificar a los “superiores jerárquicos para que de manera objetiva y cabal cumplan con sus deberes, porque los hechos podrían constituir responsabilidades según las leyes de Nuevo León”, aunque se reconoció que hay una “cadena de inobservancia de la Constitución que va desde los puestos de menor jerarquía a los de mayor rango”.

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