Mañana miércoles vence el plazo para que la Coalición “Meade Ciudadano por México” que integran PRI, PVEM y Nueva Alianza (Panal) justifique la permanencia de ese, como el nombre de su coalición para contender en las elecciones de julio de 2018.

El consejero presidente de la Comisión de Prerrogativas del INE, Benito Nacif, reconoció que no existe ninguna disposición expresa en la ley que regule el nombre de las coaliciones y ni siquiera es requisito tener denominación, alegato que en un primer requerimiento esgrimieron PRI, PVEM y Panal.

Pero sí existen, dijo el consejero, sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial dela Federación (TEPJF) en casos no idénticos, pero relacionados con nombres, acrónimos o logotipos, como la alianza “Fidelidad por Veracruz” (2007), validada por los magistrados, o la silueta de Vicente Fox (2000), rechazada para no generar inequidad.

Además de efectos en fiscalización y equidad también debe valorarse si hay o no posible confusión en el electorado, estableció la consejera Claudia Zavala, integrante de la Comisión.

Recordó el caso de la alianza “Con Malova de corazón por Sinaloa” (2010) que postuló a Mario López Valdés, (Malova) al gobierno y el TEPJF ordenó que, para no generar confusión al electorado, sólo el abanderado a mandatario podía usar el acrónimo en su propaganda, pero no los aspirantes a diputados y alcaldes coaligados.

Hoy la ley ya cambió en 2014 y fijó un principio de uniformidad de las coaliciones, así que, explicó Zavala, “hay que plantearse si es válido que la Coalición lleve o no el nombre del abanderado, por sus efectos. Como autoridad debemos ver las implicaciones y justificar nuestras decisiones pero con una visión integral, que incluya por ejemplo consecuencias en fiscalización o aplicación del modelo de comunicación política”.

El pasado 14 de diciembre la Coalición que encabeza el PRI solicitó su registro para contender juntos por la Presidencia, 32 de 64 fórmulas al Senado y 133 diputaciones federales.

Aunque en apariencia el nombre de la Coalición “Meade ciudadano por México” no tendría mayor importancia, en el análisis se encuentra un posible desequilibrio en la competencia política tanto en la difusión del eventual abanderado, como en la dispersión de sus gastos.

Por ejemplo, Meade podría incurrir en sobreexposición, al verse replicado en la propaganda de las cientos de candidaturas coaligadas.

También habría consecuencias en fiscalización, pues todo gasto de la campaña presidencial podría dispersarse entre todos los abanderados aliados, sólo por el hecho de colocar el nombre de la Coalición.

Además, a través de éste, Meade estaría presente en todos los spots de radio y televisión pautados en el país para todas las candidaturas aliadas.

Por ahora, PRI, PVEM y Panal han respondido a un primer requerimiento del INE para que proporcionen información tanto sobre la forma en que cumplirían con la fiscalización, como sobre la afectación que tendría el nombre en el resto de los candidatos de la Coalición.

El PRI respondió en principio que no existe ninguna regulación sobre el punto, y que el INE tampoco la estableció en sus Lineamientos para el registro de coaliciones.

Este miércoles los partidos de esa Coalición deberán responder al segundo requerimiento, emitido el pasado 27 de diciembre, por lo que la Comisión de Prerrogativas prevé sesionar el jueves, y proponer una resolución al Consejo General del INE; posiblemente para su sesión del viernes.

En cualquier caso, de concretarse la prevención, ésta no pone en riesgo el registro de la Coalición que postula a Meade Kuribeña.

A lo sumo se le ordenaría renombrar su coalición y si vencido el plazo no lo hace, según precedentes del TEPJF el INE podría registrarla con el nombre de los partidos que lo integran en orden en el que obtuvieron su registro, es decir, sería “Coalición PRI, PVEM, Panal”.

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